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CPI tendría que analizar torturas “reincidentes” en Venezuela: directora de Casla

En Venezuela se usaron métodos “sofisticados” de tortura Las torturas “reincidentes” que viven los venezolanos tendrían que ser estudiadas por […]

En Venezuela se usaron métodos “sofisticados” de tortura

Las torturas “reincidentes” que viven los venezolanos tendrían que ser estudiadas por el tribunal de la Corte Penal Internacional (CPI).

Así lo ha solicitado Tamara Sujú, directora de instituto checo de derechos humanos Casla, centro especializado en América Latina, quien en nombre de la organización reconoció el miércoles que ha presentado varias denuncias por tales actos contra el Gobierno de Venezuela.

La petición de esa misión se debe a que las torturas “han sido reincidentes” en el caso de algunas personas, ha reiterado la líder de la entidad.

La experta en materia jurídica sostuvo que ese procedimiento es algo permitido en el examen preliminar que realiza el CPI para “las consultas necesarias con autoridades competentes y partes interesadas , tanto familiares como Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)“.

Hoy día, la abogada venezolana se encuentra residenciada en República Checa, lleva presentados desde mayo de 2016 cuatro pliegos con denuncias de tortura presuntamente sufridas por más de 600 personas, con asilo político.

De esta forma, ha expuesto un quinto pliego con 16 nuevas incidencias de tortura que afectan a 44 víctimas directas, sobre todo militares y algunos civiles relacionados con ellos.

Te podría interesar: ¡Continúan denuncias en Venezuela! ONGs afirman que por malos tratos presos políticos sufren patologías

Confirmó que existen 82 militares encarcelados y reveló que la mitad de ellos han sido torturados en Venzuela. A la par, habló sobre  el nuevo pliego, manifestó: “En varias incidencias prevalece el crimen de violencia sexual, con una violación y varios intentos de violación”.

Sujú recalcó que la violencia que consiste en poner alfileres y otros objetos de metal en pezones o testículos de los detenidos o rajarles las plantas de los pies, se utiliza “para obtener acusaciones falsas contra militares y líderes de la oposición“.

Además, se han entregado tres denuncias sobre desaparición forzada de personas, así como contra la “nueva cadena de mando” responsable de torturas en lo que va de año.

Un informe llevado a cabo recientemente por expertos consultados por la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó que “la aplicación de la tortura en Venezuela no es circunstancial ni en casos aislados, sino que su empleo ha sido utilizado sistemáticamente para dar castigos ejemplarizantes, para sembrar terror, para reprimir y tratar de suprimir la acción ciudadana para ejercer o defender sus derechos y para castigar a la disidencia y a los opositores del Gobierno”.

En el 30%  del total de los casos presentados se trata de personas que se opusieron al gobierno del país sudamericano. El resto fue torturado por protestar “para castigarlos, intimidarlos, obligarlos a acusar a otras personas o a grupos partidistas, coaccionarlos e incluso dejarlos marcados como ‘opositores’ de por vida, y para aterrorizar a sus familias a sus amigos, y a la población en general“, ha destacado el documento que cuenta con 400 páginas.

El texto, a la par, ha reseñado que en Venezuela se usaron métodos “sofisticados” de tortura que incluyen las llamadas torturas blancas, que no dejan huellas físicas sino psicológicas, como los aislamientos prolongados.

Entre los casos por torturas prevalece el de Joselyn Prato, quien fue detenida en el año 2015 cuando encontraba junto con su familia en Cayo Sal, estado Falcón, veintitrés estados que conforma a Venezuela, donde según registros había llegado una hora antes de su detención. 

13 julio, 2018

En Venezuela se usaron métodos “sofisticados” de tortura

Las torturas “reincidentes” que viven los venezolanos tendrían que ser estudiadas por el tribunal de la Corte Penal Internacional (CPI).

Así lo ha solicitado Tamara Sujú, directora de instituto checo de derechos humanos Casla, centro especializado en América Latina, quien en nombre de la organización reconoció el miércoles que ha presentado varias denuncias por tales actos contra el Gobierno de Venezuela.

La petición de esa misión se debe a que las torturas “han sido reincidentes” en el caso de algunas personas, ha reiterado la líder de la entidad.

La experta en materia jurídica sostuvo que ese procedimiento es algo permitido en el examen preliminar que realiza el CPI para “las consultas necesarias con autoridades competentes y partes interesadas , tanto familiares como Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)“.

Hoy día, la abogada venezolana se encuentra residenciada en República Checa, lleva presentados desde mayo de 2016 cuatro pliegos con denuncias de tortura presuntamente sufridas por más de 600 personas, con asilo político.

De esta forma, ha expuesto un quinto pliego con 16 nuevas incidencias de tortura que afectan a 44 víctimas directas, sobre todo militares y algunos civiles relacionados con ellos.

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Confirmó que existen 82 militares encarcelados y reveló que la mitad de ellos han sido torturados en Venzuela. A la par, habló sobre  el nuevo pliego, manifestó: “En varias incidencias prevalece el crimen de violencia sexual, con una violación y varios intentos de violación”.

Sujú recalcó que la violencia que consiste en poner alfileres y otros objetos de metal en pezones o testículos de los detenidos o rajarles las plantas de los pies, se utiliza “para obtener acusaciones falsas contra militares y líderes de la oposición“.

Además, se han entregado tres denuncias sobre desaparición forzada de personas, así como contra la “nueva cadena de mando” responsable de torturas en lo que va de año.

Un informe llevado a cabo recientemente por expertos consultados por la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó que “la aplicación de la tortura en Venezuela no es circunstancial ni en casos aislados, sino que su empleo ha sido utilizado sistemáticamente para dar castigos ejemplarizantes, para sembrar terror, para reprimir y tratar de suprimir la acción ciudadana para ejercer o defender sus derechos y para castigar a la disidencia y a los opositores del Gobierno”.

En el 30%  del total de los casos presentados se trata de personas que se opusieron al gobierno del país sudamericano. El resto fue torturado por protestar “para castigarlos, intimidarlos, obligarlos a acusar a otras personas o a grupos partidistas, coaccionarlos e incluso dejarlos marcados como ‘opositores’ de por vida, y para aterrorizar a sus familias a sus amigos, y a la población en general“, ha destacado el documento que cuenta con 400 páginas.

El texto, a la par, ha reseñado que en Venezuela se usaron métodos “sofisticados” de tortura que incluyen las llamadas torturas blancas, que no dejan huellas físicas sino psicológicas, como los aislamientos prolongados.

Entre los casos por torturas prevalece el de Joselyn Prato, quien fue detenida en el año 2015 cuando encontraba junto con su familia en Cayo Sal, estado Falcón, veintitrés estados que conforma a Venezuela, donde según registros había llegado una hora antes de su detención. 

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