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Critican el desbordamiento de menores en centro de acogidas de Andalucía

Los trabajadores de los cinco centros de menores han tenido que salir a las calles para llamar la atención sobre […]

Los trabajadores de los cinco centros de menores han tenido que salir a las calles para llamar la atención sobre la situación y reclamar refuerzos

 

Los centros en Andalucía llevan un año desbordados, según los datos de los últimos meses, pero la última avalancha de mil inmigrantes llegados en pateras a las costas de Cádiz, entre ellos alrededor de 200 menores, ha hecho que la situación se haya hecho ya “insostenible”.

Los trabajadores de los cinco centros de menores que la Junta de Andalucía tiene en la provincia han tenido que salir a las calles para llamar la atención sobre la situación y reclamar refuerzos.

Estos centros, que tienen entre 16 y 24 plazas, están ya acostumbrados a estar “al doble de su capacidad” los días de diario y a ver cómo los fines de semana el número de menores que albergan “se triplica o incluso se cuatriplica” en algunos, como suele ocurrir -aseguran- en el de la Línea de la Concepción.

Según los cálculos de los trabajadores, en estas instalaciones se está atendiendo a alrededor de 400 menores, con un “flujo permanente” ya que entran nuevos, otros son derivados a provincias y algunos se van voluntariamente porque son centros abiertos.

La situación ha llevado a los trabajadores de estas instituciones al “agotamiento extremo, tanto físico como psíquico”, y por ello han tomado medidas inusuales, como hacer una concentración ante el centro de menores Manuel de Falla de Jerez de la Frontera, que acoge a 48 inmigrantes cuando tiene capacidad para atender a 18.

Por su parte, El fiscal coordinador de Familia y Protección de Menores de Sevilla, Daniel Valpuesta, ha revelado que la situación de desbordamiento se les “ha ido de las manos” y ha expresado que, a su juicio, los centros de acogida se hayan convertido en un “almacén de niños”, donde lamentablemente no se les ofrece los recursos que ameritan cada uno de los menores para su formación.

 

Te puede interesar: Los centros de acogidas a inmigrantes en España están saturados

 

Asimismo, señalo Valpuesta que de los 400 expedientes que se encuentran en su departamento de este año, no han prosperado ninguno en la repatriación.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) critica que de los traslados de los menores, como el  que se produjo en horas de la madrugada desde Cádiz a Sevilla “es un elemento más, de la franca desorganización y falta de previsión que se está percibiendo de la gestión del flujo migratorio en la frontera sur”, donde la Junta de Andalucía tiene responsabilidades como institución competente en protección de menores, y del Gobierno central anterior (aunque también del actual), según el coordinador del área de migraciones de Apdha, Carlos Arce.

El ordenamiento jurídico vigente dice “taxativamente que a la hora de proteger menores no caben excusas y que las malas prácticas no se pueden poner bajo la alfombra de que el anterior gobierno lo hizo mal” y lo ha respaldado con la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del niño, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de España, y la Ley del Menor de Andalucía, recuerda Arce.

 

13 septiembre, 2018

Los trabajadores de los cinco centros de menores han tenido que salir a las calles para llamar la atención sobre la situación y reclamar refuerzos

 

Los centros en Andalucía llevan un año desbordados, según los datos de los últimos meses, pero la última avalancha de mil inmigrantes llegados en pateras a las costas de Cádiz, entre ellos alrededor de 200 menores, ha hecho que la situación se haya hecho ya “insostenible”.

Los trabajadores de los cinco centros de menores que la Junta de Andalucía tiene en la provincia han tenido que salir a las calles para llamar la atención sobre la situación y reclamar refuerzos.

Estos centros, que tienen entre 16 y 24 plazas, están ya acostumbrados a estar “al doble de su capacidad” los días de diario y a ver cómo los fines de semana el número de menores que albergan “se triplica o incluso se cuatriplica” en algunos, como suele ocurrir -aseguran- en el de la Línea de la Concepción.

Según los cálculos de los trabajadores, en estas instalaciones se está atendiendo a alrededor de 400 menores, con un “flujo permanente” ya que entran nuevos, otros son derivados a provincias y algunos se van voluntariamente porque son centros abiertos.

La situación ha llevado a los trabajadores de estas instituciones al “agotamiento extremo, tanto físico como psíquico”, y por ello han tomado medidas inusuales, como hacer una concentración ante el centro de menores Manuel de Falla de Jerez de la Frontera, que acoge a 48 inmigrantes cuando tiene capacidad para atender a 18.

Por su parte, El fiscal coordinador de Familia y Protección de Menores de Sevilla, Daniel Valpuesta, ha revelado que la situación de desbordamiento se les “ha ido de las manos” y ha expresado que, a su juicio, los centros de acogida se hayan convertido en un “almacén de niños”, donde lamentablemente no se les ofrece los recursos que ameritan cada uno de los menores para su formación.

 

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Asimismo, señalo Valpuesta que de los 400 expedientes que se encuentran en su departamento de este año, no han prosperado ninguno en la repatriación.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) critica que de los traslados de los menores, como el  que se produjo en horas de la madrugada desde Cádiz a Sevilla “es un elemento más, de la franca desorganización y falta de previsión que se está percibiendo de la gestión del flujo migratorio en la frontera sur”, donde la Junta de Andalucía tiene responsabilidades como institución competente en protección de menores, y del Gobierno central anterior (aunque también del actual), según el coordinador del área de migraciones de Apdha, Carlos Arce.

El ordenamiento jurídico vigente dice “taxativamente que a la hora de proteger menores no caben excusas y que las malas prácticas no se pueden poner bajo la alfombra de que el anterior gobierno lo hizo mal” y lo ha respaldado con la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del niño, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de España, y la Ley del Menor de Andalucía, recuerda Arce.

 

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