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España enfocado en plan nacional para la minería

El presidente del Gobierno español indicó que España se adhiere  a intentar impulsar una mayor ambición en la reducción mundial […]

El presidente del Gobierno español indicó que España se adhiere  a intentar impulsar una mayor ambición en la reducción mundial de gases de efecto invernadero

 

La cumbre del clima que se realiza en la ciudad polaca de Katowice (COP24),  contra el calentamiento global, que se organiza bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), busca servir poder desarrollar el Acuerdo de París, en el que se busca  mantener en unos límites manejables la temperatura en el planeta.

Es por ello, que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez,  indicó que España se adhiere a un doble compromiso: Por un lado, intentar impulsar una mayor ambición, como pide la ONU, como lo es la reducción mundial de gases de efecto invernadero.

Asimismo, apoyar a los damnificados por la desaparición de las industrias más emisoras, con especial atención a las cuencas mineras. Sánchez presentará al Congreso su ley de cambio climático, una norma pendiente desde el año 2011.

Con el compromiso por parte de España se ha reiterado los nuevos objetivos de reducción de emisiones que incluirá en su ley. Gracias a ello, para el año 2030, el país reducirá un 37 % los gases de efecto invernadero respecto a los niveles actuales; la caída será prácticamente total del 90 % en el año 2050.   

Te puede interesar: La ONU inicia la cumbre sobre cambio climático

 

“El momento es ahora. España tiene clara su elección: Actuar por una transición inaplazable”, señaló el presidente. Reiteró  que el objetivo de España es poder destinar 900 millones de euros anuales a partir del año 2020 para las políticas internacionales contra el cambio climático.

“¿Estamos cumpliendo con las metas marcadas? La respuesta es no. Estamos lejos de cubrir los objetivos de clima fijados en 2015”, admitió el presidente español.

De igual manera, Sánchez sostuvo la importancia de potenciar la “creación de trabajos decentes y empleos de calidad” en las zonas afectadas por la descarbonización, que implica el cierre de minas y centrales.

Igualmente, el objetivo de Polonia, según un informe del Joint Research Centre (JRC), órgano científico asesor de la Comisión Europea, es hacer referencia a la transición justa. Más de 110.000 trabajadores en el sector del carbón y este país acumula casi la mitad de los empleos relacionados con este combustible de toda Europa.

Actualmente, España cuenta ahora con 15 centrales que queman carbón que emiten el 14 % de los gases de efecto invernadero de todo el país; sin embargo, la mitad de esas plantas está previsto que cierren en un plazo de dos años.

Y las restantes están pendientes de que el Ejecutivo presente su plan de energía y clima este mes para conocer si se fija una fecha concreta en las que se les obligue al cierre.

El Gobierno español se ha comprometido a tener un plan de transición justo para las comarcas afectadas. El Ejecutivo firmó con los sindicatos y la patronal un acuerdo que contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores afectados, además de un fondo de 250 millones para intentar reactivas las comarcas afectadas.

5 diciembre, 2018

El presidente del Gobierno español indicó que España se adhiere  a intentar impulsar una mayor ambición en la reducción mundial de gases de efecto invernadero

 

La cumbre del clima que se realiza en la ciudad polaca de Katowice (COP24),  contra el calentamiento global, que se organiza bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), busca servir poder desarrollar el Acuerdo de París, en el que se busca  mantener en unos límites manejables la temperatura en el planeta.

Es por ello, que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez,  indicó que España se adhiere a un doble compromiso: Por un lado, intentar impulsar una mayor ambición, como pide la ONU, como lo es la reducción mundial de gases de efecto invernadero.

Asimismo, apoyar a los damnificados por la desaparición de las industrias más emisoras, con especial atención a las cuencas mineras. Sánchez presentará al Congreso su ley de cambio climático, una norma pendiente desde el año 2011.

Con el compromiso por parte de España se ha reiterado los nuevos objetivos de reducción de emisiones que incluirá en su ley. Gracias a ello, para el año 2030, el país reducirá un 37 % los gases de efecto invernadero respecto a los niveles actuales; la caída será prácticamente total del 90 % en el año 2050.   

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“El momento es ahora. España tiene clara su elección: Actuar por una transición inaplazable”, señaló el presidente. Reiteró  que el objetivo de España es poder destinar 900 millones de euros anuales a partir del año 2020 para las políticas internacionales contra el cambio climático.

“¿Estamos cumpliendo con las metas marcadas? La respuesta es no. Estamos lejos de cubrir los objetivos de clima fijados en 2015”, admitió el presidente español.

De igual manera, Sánchez sostuvo la importancia de potenciar la “creación de trabajos decentes y empleos de calidad” en las zonas afectadas por la descarbonización, que implica el cierre de minas y centrales.

Igualmente, el objetivo de Polonia, según un informe del Joint Research Centre (JRC), órgano científico asesor de la Comisión Europea, es hacer referencia a la transición justa. Más de 110.000 trabajadores en el sector del carbón y este país acumula casi la mitad de los empleos relacionados con este combustible de toda Europa.

Actualmente, España cuenta ahora con 15 centrales que queman carbón que emiten el 14 % de los gases de efecto invernadero de todo el país; sin embargo, la mitad de esas plantas está previsto que cierren en un plazo de dos años.

Y las restantes están pendientes de que el Ejecutivo presente su plan de energía y clima este mes para conocer si se fija una fecha concreta en las que se les obligue al cierre.

El Gobierno español se ha comprometido a tener un plan de transición justo para las comarcas afectadas. El Ejecutivo firmó con los sindicatos y la patronal un acuerdo que contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores afectados, además de un fondo de 250 millones para intentar reactivas las comarcas afectadas.

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