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España sigue incumplimiento plan nacional de saneamiento para aguas residuales y Bruselas llega su límite

España está por debajo de la media europea en lo que respecta al tratamiento de aguas residuales   Ya se […]

España está por debajo de la media europea en lo que respecta al tratamiento de aguas residuales

 

Ya se había anunciado: España está multada y debe pagar 12 millones de euros por el incumplimiento de las normativas establecidas por la Unión Europea acerca de cómo se deben sanear las aguas residuales. El país no ha hecho bien el trabajo en al menos 17 localidades donde habitan más de 15.000 personas. Pero esto no termina aquí, Bruselas ha detectado otros 1.000 puntos en el país en los que se repite el mismo problema; mal tratatamiento de aguas residuales. Lo que ha encendido las alarmas en varias instancias gubernamentales que deben tomar cartas en el asunto inmediatamente.

“La falta de un nivel adecuado de recogida y tratamiento de las aguas residuales plantea riesgos significativos para la salud humana, las aguas interiores y el medio marino”, ha dicho Bruselas, basándose en la norma de depuración establecida desde el año 1991.

El próximo paso del Ejecutivo es presentar en octubre un calendario de las acciones a tomar para evitar más sanciones. Sin embargo, deberá pagar los 12 millones en total más 11 millones cada sesis meses mientras nueve aglomeraciones de más de 15.000 habitantes no solventen sus problemas con la depuración de aguas residuales.

“No es solo un problema de financiación, también de disponibilidad de suelos y de procesos largos y muy tediosos”, ha expresado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, sobre un asunto en el que están implicadas las tres administraciones: local, autonómica y central.

Antecedentes

Para quienes piensan que el problema es reciente, se equivocan. España ha sido advertida sobre esta ilegalidad en varias oportunidades, solo que ésta es la primera vez que debe pagar. En total, son cuatro expedientes por incumplimiento de la normativa sobre saneamiento de aguas residuales: uno referente a cuatro localidades que vierten en zonas sensibles, más avanzado, y otros tres que afectan a un millar de núcleos de población–, ya sea por la falta de colectores o por depuraciones muy laxas.

Con cada sanción se han afectado distintas aglomeraciones, entre ellas tres de Cataluña – que siguen vertiendo agua sin una depuración conforme a la directiva en zonas declaradas sensibles (por sus valores naturales o al ser masas de agua que podrían ser destinadas al consumo humano). Las cuatro –Berga, Figueres, El Terri (Banyoles) y Pontevedra– debían cumplir desde 1999 al tratarse de poblaciones de más de 10.000 habitantes en áreas sensibles. Pero, tras varios requerimientos de Bruselas, España fue demandada por la Comisión. Y, en 2016, condenada por el tribunal de la UE.

Ninguna de estas advertencias fue tomada en cuenta. “La Comisión no ha acudido al tribunal por segunda vez para pedir la imposición de una multa, pero podría tomar esta decisión si no se ejecuta pronto la sentencia de 2016”, declaran.

Puede ser peor

Además de todos los antecedentes, existe la posibilidad de alargar este vergonzoso expediente porque hay tres procedimientos más en camino por las afectaciones sufridas en un millar de aglomeraciones de todo el país. Dichas demandas están menos avanzadas, según Bruselas.

Dichos expedientes hacen referencia a unas 600 pequeñas aglomeraciones para las que la directiva de 1991 “preveía un plazo más amplio para cumplir las obligaciones” de depuración: tenían de tiempo hasta 2006 (mientras que, por ejemplo, las poblaciones de más de 15.000 habitantes por las que España fue multada esta semana debían tener solucionado su problema de depuración en 2001). En la Comisión explican que hay “otras 400 aglomeraciones de todo tipo” en España inmersas en este proceso de incumplimiento. Todo sumaría mil núcleos de población en la mira de la Comisión.

Aunque la credibilidad es poca, Bruselas espera que esas mil aglomeraciones se reduzcan a la mitad mientras se vayan ejecutando las obras.

En este sentido, el secretario de Estado y su equipo del Ministerio para la Transición Ecológica trabajn en el plan nacional de depuración, saneamiento y reutilización. “Tenemos que analizar qué necesidades hay, qué Administración debe actuar en cada caso y con qué fondos”, explica. En octubre el ministerio deberá presentar un calendario de cumplimiento ante la Comisión, añade Morán. ¿No se había presentado hasta ahora? “Sí, se había hecho, pero no se ha cumplido”.

Te podría interesar: España se gana una multa millonaria por incumplir con tratamiento de aguas residuales urbanas

Por su parte, el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) subraya que en país exista una falta de planificación. Reveló que las depuradoras son costosas. Hasta ahora se ha contado con el apoyo de los fondos europeos Feder. En la planificación vigente –de 2014 a 2020– se contemplan 10.000 millones para depuración del agua, de los que unos 700 millones le corresponden a España.

El club de los sancionados

Con estas sanciones, España se ha unido a un grupo de sesis países europeos señalados por no depurar adecuadamente sus aguas residuales. De acuerdo al último informe presentado por la Comisión Europea, el país está por debajo de la medida de la UE en materia de tratamiento de residuos. Solo Austria, Alemania y Países Bajos han cumplido con la normativa en su totalidad.

 

 

 

31 julio, 2018

España está por debajo de la media europea en lo que respecta al tratamiento de aguas residuales

 

Ya se había anunciado: España está multada y debe pagar 12 millones de euros por el incumplimiento de las normativas establecidas por la Unión Europea acerca de cómo se deben sanear las aguas residuales. El país no ha hecho bien el trabajo en al menos 17 localidades donde habitan más de 15.000 personas. Pero esto no termina aquí, Bruselas ha detectado otros 1.000 puntos en el país en los que se repite el mismo problema; mal tratatamiento de aguas residuales. Lo que ha encendido las alarmas en varias instancias gubernamentales que deben tomar cartas en el asunto inmediatamente.

“La falta de un nivel adecuado de recogida y tratamiento de las aguas residuales plantea riesgos significativos para la salud humana, las aguas interiores y el medio marino”, ha dicho Bruselas, basándose en la norma de depuración establecida desde el año 1991.

El próximo paso del Ejecutivo es presentar en octubre un calendario de las acciones a tomar para evitar más sanciones. Sin embargo, deberá pagar los 12 millones en total más 11 millones cada sesis meses mientras nueve aglomeraciones de más de 15.000 habitantes no solventen sus problemas con la depuración de aguas residuales.

“No es solo un problema de financiación, también de disponibilidad de suelos y de procesos largos y muy tediosos”, ha expresado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, sobre un asunto en el que están implicadas las tres administraciones: local, autonómica y central.

Antecedentes

Para quienes piensan que el problema es reciente, se equivocan. España ha sido advertida sobre esta ilegalidad en varias oportunidades, solo que ésta es la primera vez que debe pagar. En total, son cuatro expedientes por incumplimiento de la normativa sobre saneamiento de aguas residuales: uno referente a cuatro localidades que vierten en zonas sensibles, más avanzado, y otros tres que afectan a un millar de núcleos de población–, ya sea por la falta de colectores o por depuraciones muy laxas.

Con cada sanción se han afectado distintas aglomeraciones, entre ellas tres de Cataluña – que siguen vertiendo agua sin una depuración conforme a la directiva en zonas declaradas sensibles (por sus valores naturales o al ser masas de agua que podrían ser destinadas al consumo humano). Las cuatro –Berga, Figueres, El Terri (Banyoles) y Pontevedra– debían cumplir desde 1999 al tratarse de poblaciones de más de 10.000 habitantes en áreas sensibles. Pero, tras varios requerimientos de Bruselas, España fue demandada por la Comisión. Y, en 2016, condenada por el tribunal de la UE.

Ninguna de estas advertencias fue tomada en cuenta. “La Comisión no ha acudido al tribunal por segunda vez para pedir la imposición de una multa, pero podría tomar esta decisión si no se ejecuta pronto la sentencia de 2016”, declaran.

Puede ser peor

Además de todos los antecedentes, existe la posibilidad de alargar este vergonzoso expediente porque hay tres procedimientos más en camino por las afectaciones sufridas en un millar de aglomeraciones de todo el país. Dichas demandas están menos avanzadas, según Bruselas.

Dichos expedientes hacen referencia a unas 600 pequeñas aglomeraciones para las que la directiva de 1991 “preveía un plazo más amplio para cumplir las obligaciones” de depuración: tenían de tiempo hasta 2006 (mientras que, por ejemplo, las poblaciones de más de 15.000 habitantes por las que España fue multada esta semana debían tener solucionado su problema de depuración en 2001). En la Comisión explican que hay “otras 400 aglomeraciones de todo tipo” en España inmersas en este proceso de incumplimiento. Todo sumaría mil núcleos de población en la mira de la Comisión.

Aunque la credibilidad es poca, Bruselas espera que esas mil aglomeraciones se reduzcan a la mitad mientras se vayan ejecutando las obras.

En este sentido, el secretario de Estado y su equipo del Ministerio para la Transición Ecológica trabajn en el plan nacional de depuración, saneamiento y reutilización. “Tenemos que analizar qué necesidades hay, qué Administración debe actuar en cada caso y con qué fondos”, explica. En octubre el ministerio deberá presentar un calendario de cumplimiento ante la Comisión, añade Morán. ¿No se había presentado hasta ahora? “Sí, se había hecho, pero no se ha cumplido”.

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Por su parte, el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) subraya que en país exista una falta de planificación. Reveló que las depuradoras son costosas. Hasta ahora se ha contado con el apoyo de los fondos europeos Feder. En la planificación vigente –de 2014 a 2020– se contemplan 10.000 millones para depuración del agua, de los que unos 700 millones le corresponden a España.

El club de los sancionados

Con estas sanciones, España se ha unido a un grupo de sesis países europeos señalados por no depurar adecuadamente sus aguas residuales. De acuerdo al último informe presentado por la Comisión Europea, el país está por debajo de la medida de la UE en materia de tratamiento de residuos. Solo Austria, Alemania y Países Bajos han cumplido con la normativa en su totalidad.

 

 

 

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