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Expertos concuerdan que en el país serían ilegales centros de inmigración apoyados por Sánchez

La ley no permite privar de libertad más allá de 72 horas cuando los inmigrantes llegan a España La decisión […]

La ley no permite privar de libertad más allá de 72 horas cuando los inmigrantes llegan a España

La decisión acordada en Bruselas de crear “centros controlados” en países voluntarios de la Unión Europea (UE) en los que se recluya a las personas que desembarcan en territorio europeo mientras se analiza qué hacer con ellas, ha sido censurada por los especialistas en inmigración

Antes de esto, el mismo Jefe de Estado, Pedro Sánchez, que trajo a España el Aquarius, prometió retirar las concertinas y anunció que devolverá la sanidad gratuita a los sin papeles ha sido el principal avalista, junto al presidente francés Emmanuel Macron, de una medida que juristas y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) consideran “contraria” a los derechos humanos y a la legislación española.

En este caso, el Presidente ha dicho que no estarán en España, se distinguirá entre las personas que necesitan protección internacional de los “inmigrantes económicos”, a los que se pretende devolver a sus regiones de nacimiento. 

Frente a este panorama, los expertos alegan que la legislación española no permite privar de libertad a los solicitantes de asilo ni a los menores.

A su vez, advierten que en el territorio nacional no existen limitaciones temporales al internamiento que este tipo de instalaciones no van a respetar.

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La ley no permite privar de libertad más allá de 72 horas cuando los inmigrantes llegan a nuestro país y quedan en manos de la Policía; el tope llega ahora hasta los 60 días cuando aquellos que van a ser expulsados son recluidos por orden judicial en los centros de internamiento de extranjeros (CIE), ha puntualizado José Miguel Sánchez Tomás, profesor de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos.

El residente de la Coordinadora de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo, que forman las 75 ONG más importantes de la zona, asegura: “Cualquier propuesta de centros controlados en los que se encierre a las personas en tránsito por el simple hecho de migrar es contraria a los derechos humanos”.

Por su parte, Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, confirma que “en el ordenamiento español solo está prevista la privación de libertad de extranjeros como medida cautelar para la expulsión”.

“Plantear centros de internamiento para solicitantes de asilo es contrario a la legalidad española. No se puede mantener en centros cerrados a personas que piden protección internacional”, avisa la abogada Patricia Fernández Vicens.

El portavoz de Jueces para la Democracia, magistrado Ignacio González de Vega, hace alusión a un asunto central en la medida apadrinada por Sánchez y Macron.

“Si la ley española impide que un solicitante de asilo sea confinado en un centro de internamiento, pedirlo para Europa resulta contradictorio”, refirió.

A la par, su portavoz en España, María Jesús Vega, comenta que “tampoco pueden ser retenidos en estos centros los solicitantes de reagrupación familiar. O menores, personas con situaciones de vulnerabilidad especial o víctimas de torturas o violencia sexual y de género.

El Tribunal de Justicia de la UE acota que se permite el internamiento en casos excepcionales y para proteger la seguridad pública, pero siempre conforme a la ley nacional. De tal modo, el ordenamiento jurídico considera el internamiento como un instrumento para ejecutar la expulsión de cara a la situación por la inmigración.

2 julio, 2018

La ley no permite privar de libertad más allá de 72 horas cuando los inmigrantes llegan a España

La decisión acordada en Bruselas de crear “centros controlados” en países voluntarios de la Unión Europea (UE) en los que se recluya a las personas que desembarcan en territorio europeo mientras se analiza qué hacer con ellas, ha sido censurada por los especialistas en inmigración

Antes de esto, el mismo Jefe de Estado, Pedro Sánchez, que trajo a España el Aquarius, prometió retirar las concertinas y anunció que devolverá la sanidad gratuita a los sin papeles ha sido el principal avalista, junto al presidente francés Emmanuel Macron, de una medida que juristas y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) consideran “contraria” a los derechos humanos y a la legislación española.

En este caso, el Presidente ha dicho que no estarán en España, se distinguirá entre las personas que necesitan protección internacional de los “inmigrantes económicos”, a los que se pretende devolver a sus regiones de nacimiento. 

Frente a este panorama, los expertos alegan que la legislación española no permite privar de libertad a los solicitantes de asilo ni a los menores.

A su vez, advierten que en el territorio nacional no existen limitaciones temporales al internamiento que este tipo de instalaciones no van a respetar.

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La ley no permite privar de libertad más allá de 72 horas cuando los inmigrantes llegan a nuestro país y quedan en manos de la Policía; el tope llega ahora hasta los 60 días cuando aquellos que van a ser expulsados son recluidos por orden judicial en los centros de internamiento de extranjeros (CIE), ha puntualizado José Miguel Sánchez Tomás, profesor de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos.

El residente de la Coordinadora de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo, que forman las 75 ONG más importantes de la zona, asegura: “Cualquier propuesta de centros controlados en los que se encierre a las personas en tránsito por el simple hecho de migrar es contraria a los derechos humanos”.

Por su parte, Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, confirma que “en el ordenamiento español solo está prevista la privación de libertad de extranjeros como medida cautelar para la expulsión”.

“Plantear centros de internamiento para solicitantes de asilo es contrario a la legalidad española. No se puede mantener en centros cerrados a personas que piden protección internacional”, avisa la abogada Patricia Fernández Vicens.

El portavoz de Jueces para la Democracia, magistrado Ignacio González de Vega, hace alusión a un asunto central en la medida apadrinada por Sánchez y Macron.

“Si la ley española impide que un solicitante de asilo sea confinado en un centro de internamiento, pedirlo para Europa resulta contradictorio”, refirió.

A la par, su portavoz en España, María Jesús Vega, comenta que “tampoco pueden ser retenidos en estos centros los solicitantes de reagrupación familiar. O menores, personas con situaciones de vulnerabilidad especial o víctimas de torturas o violencia sexual y de género.

El Tribunal de Justicia de la UE acota que se permite el internamiento en casos excepcionales y para proteger la seguridad pública, pero siempre conforme a la ley nacional. De tal modo, el ordenamiento jurídico considera el internamiento como un instrumento para ejecutar la expulsión de cara a la situación por la inmigración.

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