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Autoridades podrán en marcha plan por explotación sexual de las mujeres en Madrid

Por infracción grave después de mantener una conversación con una prostituta desde un vehículo privado  Para atajar la explotación sexual […]

Por infracción grave después de mantener una conversación con una prostituta desde un vehículo privado 

Para atajar la explotación sexual de las mujeres en la capital, e interceder por su seguridad, el Ayuntamiento de Madrid, comandado por la alcaldesa, jurista y política Manuela Carmena, estudia un plan que pretende cerrar el tráfico privado de noche en esa zona.

Así lo detalló el concejal del distrito de Villaverde, Guillermo Zapata, ahora Madrid, quien acotó este jueves en una rueda de prensa que la hoja de ruta municipal prevé que se dé inicio el próximo año, puesto que al momento se concibe como proyecto piloto que multará a los vehículos no autorizados que accedan a El Gato y al polígono industrial Marconi, en el distrito de Villaverde, donde los agentes de Extranjería de la Policía Nacional han detectado la práctica totalidad de las infracciones.

Posterior a la reunión de gobierno, en la que sostuvo que la zona se denominará Área de Protección Industrial (API), dio a conocer la iniciativa.

El Consistorio mediante una nota explicó: “Se trata de una experiencia piloto, con una serie de medidas que en un principio se aplicarán en horario nocturno, momento en el que más problemas de control y disciplina existen en la zona”.

El planteamiento “permitirá a vecinos y vecinas circular por la zona con normalidad y a las empresas allí afincadas continuar desarrollando su actividad como hasta ahora”, aparte de la puesta en marcha “sencilla y económica”, de acuerdo al gobierno de Carmena.

Los automóviles de dueños, empleados y residentes de las actividades económicas del polígono quedarán excluidos de las restricciones. Luego, el Ayuntamiento “valorará” el resultado de la medida y “estudiará su ampliación a otras franjas horarias y a nuevas propuestas”, de cara a la primera fase en pro de erradicar la actividad que cuenta con cerca de 400 mujeres de diversas nacionalidades, desde venezolanas, nigerianas, colombiana, mexicanas, hasta rusas y rumanas, en el principal escenario de la prostitución en Madrid.  

Hasta un total de 1.133 expedientes, los últimos datos de la Delegación del Gobierno esa ciudad revelan que entre el año 2016 y 2017 las multas a clientes que contratan servicios de prostitutas han crecido un 43 % en toda la capital y van desde 601 hasta 30.000 euros.

Te podría interesar: La violencia de genero se cobra la 12ª víctima en España

Por infracción grave luego de la conversación con una prostituta desde un vehículo privado, los agentes pueden tramitar un expediente, centrándose en la última reforma aprobada hace tres años por el presidente español Mariano Rajoy.

Recientemente, en una operación que dejó como saldo 41 ciudadanos búlgaros y la liberación de catorce víctimas en España, doce menores, y otras cuatro en otras naciones europeos, la Policía desarticuló en Madrid una red que prostituía niñas menores de edad y jóvenes procedentes de Bulgaria, obligadas a cometer robos y a ejercer la prostitución, además de obedecer las instrucciones que ordenaba el cabecilla.

Fruto de una investigación que comenzó en abril del año 2017, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo de persona de nacionalidades diferentes del este que se dedicaba a cometer robos en comercios y a vender la mercancía sustraída en territorios europeos, resultó el éxito de la dinámica conjunta entre la Municipal de Madrid y uniformado nacionales.

La organización ocupaba inmuebles pertenecientes a entidades bancarias que estaban situados en la capital desde los que dirigían el entramado en los que además instalaban a las víctimas, que residían hacinadas en estas viviendas, reconocieron ambos cuerpos de seguridad ante el hallazgo de los investigadores.

Simultáneamente, en función de la pericia delictiva que mostraran las menores, el grupo adquiría las niñas pagando a sus propios familiares, dando a cambio de una cantidad económica acordada efectuado a través de dos abonos, uno en la región de origen y otro una vez en España, en algunas ocasiones.

Unos expertos encargados de localizar y ocupar pisos deshabitados, desde los que centralizaban las operaciones, y otros integrantes de la organización que actuaban como “pasadores” con la misión de seleccionar y acompañar hasta España a las víctimas, conformaban la red que contaba con un estricto reparto de tareas y se encontraba coordina de forma idónea para delinquir y dañar no solo a las pequeñas, sino también a sus familiares y amigos que constituían su entorno y que día a día se mantenían en desasosiego por la situación a la que se enfrentaban desde hace más de 24 meses. 

18 mayo, 2018
Por infracción grave después de mantener una conversación con una prostituta desde un vehículo privado 

Para atajar la explotación sexual de las mujeres en la capital, e interceder por su seguridad, el Ayuntamiento de Madrid, comandado por la alcaldesa, jurista y política Manuela Carmena, estudia un plan que pretende cerrar el tráfico privado de noche en esa zona.

Así lo detalló el concejal del distrito de Villaverde, Guillermo Zapata, ahora Madrid, quien acotó este jueves en una rueda de prensa que la hoja de ruta municipal prevé que se dé inicio el próximo año, puesto que al momento se concibe como proyecto piloto que multará a los vehículos no autorizados que accedan a El Gato y al polígono industrial Marconi, en el distrito de Villaverde, donde los agentes de Extranjería de la Policía Nacional han detectado la práctica totalidad de las infracciones.

Posterior a la reunión de gobierno, en la que sostuvo que la zona se denominará Área de Protección Industrial (API), dio a conocer la iniciativa.

El Consistorio mediante una nota explicó: “Se trata de una experiencia piloto, con una serie de medidas que en un principio se aplicarán en horario nocturno, momento en el que más problemas de control y disciplina existen en la zona”.

El planteamiento “permitirá a vecinos y vecinas circular por la zona con normalidad y a las empresas allí afincadas continuar desarrollando su actividad como hasta ahora”, aparte de la puesta en marcha “sencilla y económica”, de acuerdo al gobierno de Carmena.

Los automóviles de dueños, empleados y residentes de las actividades económicas del polígono quedarán excluidos de las restricciones. Luego, el Ayuntamiento “valorará” el resultado de la medida y “estudiará su ampliación a otras franjas horarias y a nuevas propuestas”, de cara a la primera fase en pro de erradicar la actividad que cuenta con cerca de 400 mujeres de diversas nacionalidades, desde venezolanas, nigerianas, colombiana, mexicanas, hasta rusas y rumanas, en el principal escenario de la prostitución en Madrid.  

Hasta un total de 1.133 expedientes, los últimos datos de la Delegación del Gobierno esa ciudad revelan que entre el año 2016 y 2017 las multas a clientes que contratan servicios de prostitutas han crecido un 43 % en toda la capital y van desde 601 hasta 30.000 euros.

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Por infracción grave luego de la conversación con una prostituta desde un vehículo privado, los agentes pueden tramitar un expediente, centrándose en la última reforma aprobada hace tres años por el presidente español Mariano Rajoy.

Recientemente, en una operación que dejó como saldo 41 ciudadanos búlgaros y la liberación de catorce víctimas en España, doce menores, y otras cuatro en otras naciones europeos, la Policía desarticuló en Madrid una red que prostituía niñas menores de edad y jóvenes procedentes de Bulgaria, obligadas a cometer robos y a ejercer la prostitución, además de obedecer las instrucciones que ordenaba el cabecilla.

Fruto de una investigación que comenzó en abril del año 2017, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo de persona de nacionalidades diferentes del este que se dedicaba a cometer robos en comercios y a vender la mercancía sustraída en territorios europeos, resultó el éxito de la dinámica conjunta entre la Municipal de Madrid y uniformado nacionales.

La organización ocupaba inmuebles pertenecientes a entidades bancarias que estaban situados en la capital desde los que dirigían el entramado en los que además instalaban a las víctimas, que residían hacinadas en estas viviendas, reconocieron ambos cuerpos de seguridad ante el hallazgo de los investigadores.

Simultáneamente, en función de la pericia delictiva que mostraran las menores, el grupo adquiría las niñas pagando a sus propios familiares, dando a cambio de una cantidad económica acordada efectuado a través de dos abonos, uno en la región de origen y otro una vez en España, en algunas ocasiones.

Unos expertos encargados de localizar y ocupar pisos deshabitados, desde los que centralizaban las operaciones, y otros integrantes de la organización que actuaban como “pasadores” con la misión de seleccionar y acompañar hasta España a las víctimas, conformaban la red que contaba con un estricto reparto de tareas y se encontraba coordina de forma idónea para delinquir y dañar no solo a las pequeñas, sino también a sus familiares y amigos que constituían su entorno y que día a día se mantenían en desasosiego por la situación a la que se enfrentaban desde hace más de 24 meses. 

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