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Jueces y fiscales de España exigen “imprescindibles reformas”

Más de 2500 expertos en leyes se han unido a las manifestaciones   La Suspensión de actividades laborales, huelgas y […]

Más de 2500 expertos en leyes se han unido a las manifestaciones

 

La Suspensión de actividades laborales, huelgas y manifestaciones continuas han sido las acciones tomadas por jueces y fiscales de España. Por primera vez siete asociaciones se han unido para reclamar cargas de trabajo saludables, la actualización de la Administración de Justicias, además de recursos y mayores retribuciones. Se le une la exigencia de una mayor independencia del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía con el Ministerio de Justicia, entre otras peticiones que han llevado a casi 3.000 juristas y más de 1.200 fiscales a protestar.

 

Se trata de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), convocantes de la huelga para culminar la serie de paros parciales que han hecho cada jueves desde el 26 de abril hasta el 17 de mayo. Casi 2.000 jueces y alrededor de 800 fiscales decidieron respaldar la suspensión de actividad durante una hora.

 

Una de las principales reivindicaciones es el incremento de la plantilla judicial y fiscales “a fin de ir equiparándolo a la media europea”, según explica un comunicado conjunto de las asociaciones. “Tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley debe de reunirse cada cinco años con el objeto de reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos ocho años”, indican.

 

El portavoz  de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ignacio González Vega, ha lamentado los inconvenientes que se han podido presentar a los ciudadanos en el servicio judicial, pero espera que comprendan su posición.

 

De acuerdo a los datos facilitados por el Comité de Huelga, 2.294 jueces y 1.264 fiscales de toda España han apoyado la huelga convocada. Esto se traduce en que más de 5.400 jueces y de 2.500 fiscales, el 42 y el 51 por ciento, respectivamente, han respaldado el paro de este martes 22 de mayo.

 

Se unen miembros del TS y de AN a la convocatoria, que se han unido magistrados del Tribunal Supremo (TS) y de la Audiencia Nacional (AN), según fuentes de esta última, de la que han acudido ocho de los 87 jueces. En concreto, han sido dos de la Sala Penal; uno del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria; y cinco de lo Contencioso-Administrativo. las reivindicaciones también han sido respaldas por 30 magistrados del Tribunal Supremo que, en un comunicado, han trasladado su “total apoyo” a las asociaciones.

 

Reformas necesarias

De esta forma reclaman por unanimidad “las imprescindibles reformas” que necesita la Administración de Justicia “para cumplir correctamente con la función constitucional que le corresponde”, refleja la misiva entregada por los firmantes.

 

Natalia Velilla, la representante de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV) y miembro del Comité, ha denunciado que no se van a difundir datos oficiales de la huelga, ni de las diligencias judiciales que se han visto afectadas, porque el Ministerio de Justicia ha prohibido “verbalmente” a los secretarios de gobierno que faciliten información a los Tribunales Superiores de Justicia.

 

A su vez, el Ministro de Justicia Rafael Catalá, ha sido desmentido el presunto boicot y ha señalado que el seguimiento de los paros no se lleva a cabo desde el Ministerio sino que compete al CGPJ. Ha recordado que su departamento lleva “desde hace meses” en un proceso de negociación y diálogo con las asociaciones para llegar a un acuerdo sobre las demandas que plantean.

 

Te podría interesar: Recortes en el sistema de salud de España afecta a médicos y pacientes desde el Real Decreto de 2012

 

Los juristas esperan, además de un cambio presupuestario, la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que regule las funciones conforme al principio de legalidad y la unidad de actuación; atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales; y la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción.

 

Los criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia también tendrían que empezar a tomarse en cuenta. Los manifestantes denuncian que han ignorado este tipo de aspectos desde el órgano de gobierno de los jueces, presidido por Carlos Lesmes.

23 mayo, 2018

Más de 2500 expertos en leyes se han unido a las manifestaciones

 

La Suspensión de actividades laborales, huelgas y manifestaciones continuas han sido las acciones tomadas por jueces y fiscales de España. Por primera vez siete asociaciones se han unido para reclamar cargas de trabajo saludables, la actualización de la Administración de Justicias, además de recursos y mayores retribuciones. Se le une la exigencia de una mayor independencia del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía con el Ministerio de Justicia, entre otras peticiones que han llevado a casi 3.000 juristas y más de 1.200 fiscales a protestar.

 

Se trata de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), convocantes de la huelga para culminar la serie de paros parciales que han hecho cada jueves desde el 26 de abril hasta el 17 de mayo. Casi 2.000 jueces y alrededor de 800 fiscales decidieron respaldar la suspensión de actividad durante una hora.

 

Una de las principales reivindicaciones es el incremento de la plantilla judicial y fiscales “a fin de ir equiparándolo a la media europea”, según explica un comunicado conjunto de las asociaciones. “Tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley debe de reunirse cada cinco años con el objeto de reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos ocho años”, indican.

 

El portavoz  de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ignacio González Vega, ha lamentado los inconvenientes que se han podido presentar a los ciudadanos en el servicio judicial, pero espera que comprendan su posición.

 

De acuerdo a los datos facilitados por el Comité de Huelga, 2.294 jueces y 1.264 fiscales de toda España han apoyado la huelga convocada. Esto se traduce en que más de 5.400 jueces y de 2.500 fiscales, el 42 y el 51 por ciento, respectivamente, han respaldado el paro de este martes 22 de mayo.

 

Se unen miembros del TS y de AN a la convocatoria, que se han unido magistrados del Tribunal Supremo (TS) y de la Audiencia Nacional (AN), según fuentes de esta última, de la que han acudido ocho de los 87 jueces. En concreto, han sido dos de la Sala Penal; uno del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria; y cinco de lo Contencioso-Administrativo. las reivindicaciones también han sido respaldas por 30 magistrados del Tribunal Supremo que, en un comunicado, han trasladado su “total apoyo” a las asociaciones.

 

Reformas necesarias

De esta forma reclaman por unanimidad “las imprescindibles reformas” que necesita la Administración de Justicia “para cumplir correctamente con la función constitucional que le corresponde”, refleja la misiva entregada por los firmantes.

 

Natalia Velilla, la representante de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV) y miembro del Comité, ha denunciado que no se van a difundir datos oficiales de la huelga, ni de las diligencias judiciales que se han visto afectadas, porque el Ministerio de Justicia ha prohibido “verbalmente” a los secretarios de gobierno que faciliten información a los Tribunales Superiores de Justicia.

 

A su vez, el Ministro de Justicia Rafael Catalá, ha sido desmentido el presunto boicot y ha señalado que el seguimiento de los paros no se lleva a cabo desde el Ministerio sino que compete al CGPJ. Ha recordado que su departamento lleva “desde hace meses” en un proceso de negociación y diálogo con las asociaciones para llegar a un acuerdo sobre las demandas que plantean.

 

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Los juristas esperan, además de un cambio presupuestario, la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que regule las funciones conforme al principio de legalidad y la unidad de actuación; atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales; y la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción.

 

Los criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia también tendrían que empezar a tomarse en cuenta. Los manifestantes denuncian que han ignorado este tipo de aspectos desde el órgano de gobierno de los jueces, presidido por Carlos Lesmes.

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