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La ONU da un espacio al debate sobre los derechos de agentes discapacitados

Las denuncias son contra España, y el Ayuntamiento de Hospitalet y el departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña […]

Las denuncias son contra España, y el Ayuntamiento de Hospitalet y el departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña

 

 

Alrededor del mundo existe una constante lucha por la inclusión de personas con discapacidad en el campo laboral como parte de sus derechos al desarrollo normal de su vida. Según el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, aquellos ciudadanos que sufran algún accidente en el trabajo que los deje con alguna deficiencia, tienen derecho a ser incorporados en su trabajo.

 

En el tratado que entró en vigor en España desde el año 2008 se establece que los Gobiernos que forman parte de esta convención están obligados a promover la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad, y su acceso y mantenimiento en el empleo. La normativa insiste en la necesidad de “tomar las medidas pertinentes para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad”, así como “velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en la convención”.

 

En medio de este marco legal ha surgido una nueva denuncia admitida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la que un agente local del municipio barcelonés de Hospitalet de Llobregat y un mosso d’esquadra exponen que han sido vulnerados sus derechos como personas discapacitadas. El primero en realizar una denuncia como esta fue Vicente Flores, un exguardia urbano de Barcelona logró en 2015 que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU admitiera a trámite su denuncia, interpuesta al serle denegado por parte del Ayuntamiento el paso a segunda actividad tras sufrir un accidente laboral. Le siguió Jordi en el año 2016, compañero de la localidad gironesa de Figueres.

 

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Las denuncias son contra España, y el Ayuntamiento de Hospitalet y el departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, según informan Ailmed y Ailpod, asociaciones creadas para ayudar a mossos y policías locales en la misma situación.

 

Los afectados expresan en un documento que se les está discriminando al no permitírseles seguir en activo a través del desempeño de funciones no operativas y citan el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en relación a los problemas físicos sobrevenidos en el ámbito profesional.

 

En este caso, la ONU solicitará la información y las observaciones oportunas al Gobierno, que tiene un plazo de seis meses para pronunciarse. Estas les serán trasmitidas a los denunciantes, que podrán a su vez hacer los comentarios que consideren. El proceso que se abre es largo y puede durar años. No obstante, valdrá la pena para los funcionarios afectados, quienes desde ya han sido escuchados.

9 mayo, 2018
Las denuncias son contra España, y el Ayuntamiento de Hospitalet y el departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña

 

 

Alrededor del mundo existe una constante lucha por la inclusión de personas con discapacidad en el campo laboral como parte de sus derechos al desarrollo normal de su vida. Según el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, aquellos ciudadanos que sufran algún accidente en el trabajo que los deje con alguna deficiencia, tienen derecho a ser incorporados en su trabajo.

 

En el tratado que entró en vigor en España desde el año 2008 se establece que los Gobiernos que forman parte de esta convención están obligados a promover la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad, y su acceso y mantenimiento en el empleo. La normativa insiste en la necesidad de “tomar las medidas pertinentes para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad”, así como “velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en la convención”.

 

En medio de este marco legal ha surgido una nueva denuncia admitida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la que un agente local del municipio barcelonés de Hospitalet de Llobregat y un mosso d’esquadra exponen que han sido vulnerados sus derechos como personas discapacitadas. El primero en realizar una denuncia como esta fue Vicente Flores, un exguardia urbano de Barcelona logró en 2015 que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU admitiera a trámite su denuncia, interpuesta al serle denegado por parte del Ayuntamiento el paso a segunda actividad tras sufrir un accidente laboral. Le siguió Jordi en el año 2016, compañero de la localidad gironesa de Figueres.

 

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Las denuncias son contra España, y el Ayuntamiento de Hospitalet y el departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, según informan Ailmed y Ailpod, asociaciones creadas para ayudar a mossos y policías locales en la misma situación.

 

Los afectados expresan en un documento que se les está discriminando al no permitírseles seguir en activo a través del desempeño de funciones no operativas y citan el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en relación a los problemas físicos sobrevenidos en el ámbito profesional.

 

En este caso, la ONU solicitará la información y las observaciones oportunas al Gobierno, que tiene un plazo de seis meses para pronunciarse. Estas les serán trasmitidas a los denunciantes, que podrán a su vez hacer los comentarios que consideren. El proceso que se abre es largo y puede durar años. No obstante, valdrá la pena para los funcionarios afectados, quienes desde ya han sido escuchados.

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