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La reelección del presidente Nicolás Maduro genera persecución contra civiles y militares en Venezuela: ONGs

Solo han sido liberados 22 personas, entre ellas el estadounidense Josua Holt y su esposa Thamara Caleño   Tras la […]

Solo han sido liberados 22 personas, entre ellas el estadounidense Josua Holt y su esposa Thamara Caleño

 

Tras la reelección del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el 20 de mayo, se ha colocado de manifiesto la persecución contra civiles y militares. Así lo revelaron integrantes de Organizaciones No Gubernamenales (ONGs), quienes alegan que al día 20 ciudadanos han sido retenidos de forma arbitraria, sin motivo.

La cifra de presos políticos en el país sudamericano se elevó a 357, casi 20 más que el número de reclusos que había antes de que Maduro prometiera las liberaciones. El 18 de mayo había 338 encarcelados, han contado las organizaciones sin ánimo de lucro después de arremetidas contra funcionarios públicos y entorno social, específicamente dado a conocer por El Foro Penal Venezolano.

Después que el Consejo Nacional Electoral expuso los resultados de las presidenciales– se produce lo que el Foro Penal ha denominado “el efecto de puerta giratoria”. Esto, cada vez que el Jefe de Estado venezolano llama al diálogo –como lo hizo en su discurso en el Palacio de Miraflores, Caracas, capital de Venezuela.

Solo han sido liberados 22 personas, entre ellas el estadounidense Josua Holt y su esposa Thamara Caleño, pero que han encarcelado a una cifra mayor de ciudadanos, ha mencionado Gonzalo Himiob, director de la entidad social.

Recalcó: “No es la primera vez que el gobierno recurre a la estrategia de llamar a diálogo y de excarcelar algunos presos políticos para tratar de mostrar una imagen de generosidad. Esto encubre la intención de encarcelar a otras personas para mantener estable o en aumento el número de reclusos”.

Te podría interesar: Venezuela, compra de votos para elecciones presidenciales

 

Al menos de 40 oficiales detenidos en los últimos 15 días y 4 civiles desaparecidos, que forman parte del grupo familiar del coronel Oswaldo Garcia Palomo, entre ellas su esposa e hija de 21 años de edad, anota el instituto Casla.  En mayo, han contado 88 arrestos, de los cuales 26 son militares, conforme a datos de Himiob.

Por otro lado, la ola de persecución contra funcionarios activos de la Fuerza Armada y de su entorno familiar y de amistades ha prevalecido en las denuncias que ha impuesto el Foro Penal y el Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Casla, que dirige la abogada Tamara Sujo.

A su vez, Casla denuncia que detrás de las desapariciones están funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Brigada de Acciones Especiales, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Los arrestos selectivos han generado una práctica constante del gobierno de Maduro y un patrón de persecución peculiar que ponen en funcionamiento previo y tras escenarios electorales, declaró Andrés Colmenares, director de Funpaz.

Aunado a esto, los presos políticos son sometidos a torturas, que incluyen golpes y puntapiés en todo el cuerpo (en especial en el rostro), asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas, laceraciones en manos y muñecas, colgamientos, entre otras, ha reiterado El Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Casla.

Los casos de los médicos Williams Aguado, vinculado con Oscar Pérez, y José Marulanda, cirujano de manos detenido el 20 de mayo, quien sufrió golpes y descargas eléctricas que le causaron daños en las manos y el sistema auditivo, han recordado y sacado al escaño público.

En contexto, a dos semanas de las protestas en los calabozos de El Helicoide, abogados y familiares de los 46 presos políticos que permanecen allí, entre ellos 12 con boleta de excarcelación, no han recibido información oficial de sus parientes. En este caso, desconocen el estado físico de los reclusos, a quienes no les permiten el acceso de agua y comida, y por tal razón ha hecho la denuncia.

El abogado de un grupo de presos políticos de la sede del Sebin, en Venezuela, ha argumentado: “Esto es una violación a la defensa y de los derechos humanos de estas personas. Nosotros hemos dado toda la información necesaria para que se lleve a cabo la mesa técnica con los familiares y la Iglesia para el proceso”.

30 mayo, 2018
Solo han sido liberados 22 personas, entre ellas el estadounidense Josua Holt y su esposa Thamara Caleño

 

Tras la reelección del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el 20 de mayo, se ha colocado de manifiesto la persecución contra civiles y militares. Así lo revelaron integrantes de Organizaciones No Gubernamenales (ONGs), quienes alegan que al día 20 ciudadanos han sido retenidos de forma arbitraria, sin motivo.

La cifra de presos políticos en el país sudamericano se elevó a 357, casi 20 más que el número de reclusos que había antes de que Maduro prometiera las liberaciones. El 18 de mayo había 338 encarcelados, han contado las organizaciones sin ánimo de lucro después de arremetidas contra funcionarios públicos y entorno social, específicamente dado a conocer por El Foro Penal Venezolano.

Después que el Consejo Nacional Electoral expuso los resultados de las presidenciales– se produce lo que el Foro Penal ha denominado “el efecto de puerta giratoria”. Esto, cada vez que el Jefe de Estado venezolano llama al diálogo –como lo hizo en su discurso en el Palacio de Miraflores, Caracas, capital de Venezuela.

Solo han sido liberados 22 personas, entre ellas el estadounidense Josua Holt y su esposa Thamara Caleño, pero que han encarcelado a una cifra mayor de ciudadanos, ha mencionado Gonzalo Himiob, director de la entidad social.

Recalcó: “No es la primera vez que el gobierno recurre a la estrategia de llamar a diálogo y de excarcelar algunos presos políticos para tratar de mostrar una imagen de generosidad. Esto encubre la intención de encarcelar a otras personas para mantener estable o en aumento el número de reclusos”.

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Al menos de 40 oficiales detenidos en los últimos 15 días y 4 civiles desaparecidos, que forman parte del grupo familiar del coronel Oswaldo Garcia Palomo, entre ellas su esposa e hija de 21 años de edad, anota el instituto Casla.  En mayo, han contado 88 arrestos, de los cuales 26 son militares, conforme a datos de Himiob.

Por otro lado, la ola de persecución contra funcionarios activos de la Fuerza Armada y de su entorno familiar y de amistades ha prevalecido en las denuncias que ha impuesto el Foro Penal y el Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Casla, que dirige la abogada Tamara Sujo.

A su vez, Casla denuncia que detrás de las desapariciones están funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Brigada de Acciones Especiales, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Los arrestos selectivos han generado una práctica constante del gobierno de Maduro y un patrón de persecución peculiar que ponen en funcionamiento previo y tras escenarios electorales, declaró Andrés Colmenares, director de Funpaz.

Aunado a esto, los presos políticos son sometidos a torturas, que incluyen golpes y puntapiés en todo el cuerpo (en especial en el rostro), asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas, laceraciones en manos y muñecas, colgamientos, entre otras, ha reiterado El Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Casla.

Los casos de los médicos Williams Aguado, vinculado con Oscar Pérez, y José Marulanda, cirujano de manos detenido el 20 de mayo, quien sufrió golpes y descargas eléctricas que le causaron daños en las manos y el sistema auditivo, han recordado y sacado al escaño público.

En contexto, a dos semanas de las protestas en los calabozos de El Helicoide, abogados y familiares de los 46 presos políticos que permanecen allí, entre ellos 12 con boleta de excarcelación, no han recibido información oficial de sus parientes. En este caso, desconocen el estado físico de los reclusos, a quienes no les permiten el acceso de agua y comida, y por tal razón ha hecho la denuncia.

El abogado de un grupo de presos políticos de la sede del Sebin, en Venezuela, ha argumentado: “Esto es una violación a la defensa y de los derechos humanos de estas personas. Nosotros hemos dado toda la información necesaria para que se lleve a cabo la mesa técnica con los familiares y la Iglesia para el proceso”.

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