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Ley de protección de datos no está clara para los expertos

 Especialistas dudan de que asegure el control, uso y destino de los datos y frene cualquier tipo de utilización lesiva, […]

 Especialistas dudan de que asegure el control, uso y destino de los datos y frene cualquier tipo de utilización lesiva, como pregonan sus defensores

 

Un grupo de parlamentarios han respaldado una ley que permite a los partidos recopilar datos personales sobre opiniones políticas en el marco de sus actividades electorales para elaborar perfiles ideológicos; esto ha presentado rechazo.

La Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, aprobada en noviembre con los votos de PSOE, PP, Ciudadanos y los nacionalistas vascos y catalanes, autoriza a los partidos a enviar propaganda a través del correo electrónico, WhatsApp o las redes; asimismo estos envíos no serán considerados actividad o comunicación comercial y los destinatarios podrán oponerse a recibirlos.

Pero los expertos consultados sostienen que abre la puerta al spam electoral y dudan de que asegure el control, uso y destino de los datos y frene cualquier tipo de utilización lesiva, como pregonan sus defensores.

Para uno de los críticos, Borja Adsuara, profesor y experto en derecho y estrategia digital, el articulado es un “escándalo” y está siendo estudiado por el comité europeo de las agencias de protección de datos. En su opinión, los partidos no pueden perfilar datos ideológicos, sexuales, religiosos o de cualquier otro tipo que los ciudadanos estén dando a través de su navegación en Internet o en las redes sociales. El incumplimiento de esta norma puede acarrear multas de 20 millones de euros.

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Esta ley modifica el artículo 58 de la ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg). Los defensores de la ley están apoyados en el artículo 56 del reglamento de la Unión Europea (UE): “Si en el marco de actividades electorales, el funcionamiento del sistema democrático exige en un Estado miembro que los partidos políticos recopilen datos personales sobre las opiniones políticas de las personas, puede autorizarse el tratamiento de esos datos por razones de interés público, siempre que se ofrezcan garantías adecuadas”.

Según el reglamento de la UE, existen excepciones a la prohibición de tratar datos relativos a las opiniones políticas, “pero lo hace de una manera muy imprecisa y muy criticable por eso mismo”, alega el catedrático de emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III Tomás de la Quadra-Salcedo.

Destaca que el artículo 58 trastoca el sentido del reglamento al decir que hay interés público “cuando se ofrezcan garantía adecuadas”. “Las garantías no las tienen que ofrecer los partidos; las tiene que fijar la ley. ¿Cómo se garantiza que solo sea a efectos electorales, que no se sacan copias, que se destruyen las bases de datos con las opiniones para el futuro? ¿Quién vigila?”, se pregunta de la Quadra- Salcedo. En su opinión, la ley abdica de su obligación de concretar las garantías y deja la puerta abierta a los partidos para hacerlo.

Es por ello, que declara que las garantías y el interés público tienen que justificar para recolectar datos sobre opiniones políticas para elaborar perfiles ideológico, por lo que sostiene que la ley debería especificar claramente si se piensa que estas prácticas son útiles para la formación de la opinión pública o el debate.

De igual manera, Adsuara admite que con la ley en la mano se podría realizar de forma legal actividades como las de Cambridge Analityca, donde la empresa enviaba de forma masiva noticias falsas con los datos obtenidos de los usuarios de Facebook sin su consentimiento.

Adsuara detalla que en España “sería lícito porque a falta del consentimiento de los usuarios, se concede a los partidos políticos una autorización legal”. Sin embargo, de la Quadra-Salcedo agrega que es posible que se haya hecho con buena intención, como una forma de regular este fenómeno.

4 diciembre, 2018

 Especialistas dudan de que asegure el control, uso y destino de los datos y frene cualquier tipo de utilización lesiva, como pregonan sus defensores

 

Un grupo de parlamentarios han respaldado una ley que permite a los partidos recopilar datos personales sobre opiniones políticas en el marco de sus actividades electorales para elaborar perfiles ideológicos; esto ha presentado rechazo.

La Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, aprobada en noviembre con los votos de PSOE, PP, Ciudadanos y los nacionalistas vascos y catalanes, autoriza a los partidos a enviar propaganda a través del correo electrónico, WhatsApp o las redes; asimismo estos envíos no serán considerados actividad o comunicación comercial y los destinatarios podrán oponerse a recibirlos.

Pero los expertos consultados sostienen que abre la puerta al spam electoral y dudan de que asegure el control, uso y destino de los datos y frene cualquier tipo de utilización lesiva, como pregonan sus defensores.

Para uno de los críticos, Borja Adsuara, profesor y experto en derecho y estrategia digital, el articulado es un “escándalo” y está siendo estudiado por el comité europeo de las agencias de protección de datos. En su opinión, los partidos no pueden perfilar datos ideológicos, sexuales, religiosos o de cualquier otro tipo que los ciudadanos estén dando a través de su navegación en Internet o en las redes sociales. El incumplimiento de esta norma puede acarrear multas de 20 millones de euros.

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Esta ley modifica el artículo 58 de la ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg). Los defensores de la ley están apoyados en el artículo 56 del reglamento de la Unión Europea (UE): “Si en el marco de actividades electorales, el funcionamiento del sistema democrático exige en un Estado miembro que los partidos políticos recopilen datos personales sobre las opiniones políticas de las personas, puede autorizarse el tratamiento de esos datos por razones de interés público, siempre que se ofrezcan garantías adecuadas”.

Según el reglamento de la UE, existen excepciones a la prohibición de tratar datos relativos a las opiniones políticas, “pero lo hace de una manera muy imprecisa y muy criticable por eso mismo”, alega el catedrático de emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III Tomás de la Quadra-Salcedo.

Destaca que el artículo 58 trastoca el sentido del reglamento al decir que hay interés público “cuando se ofrezcan garantía adecuadas”. “Las garantías no las tienen que ofrecer los partidos; las tiene que fijar la ley. ¿Cómo se garantiza que solo sea a efectos electorales, que no se sacan copias, que se destruyen las bases de datos con las opiniones para el futuro? ¿Quién vigila?”, se pregunta de la Quadra- Salcedo. En su opinión, la ley abdica de su obligación de concretar las garantías y deja la puerta abierta a los partidos para hacerlo.

Es por ello, que declara que las garantías y el interés público tienen que justificar para recolectar datos sobre opiniones políticas para elaborar perfiles ideológico, por lo que sostiene que la ley debería especificar claramente si se piensa que estas prácticas son útiles para la formación de la opinión pública o el debate.

De igual manera, Adsuara admite que con la ley en la mano se podría realizar de forma legal actividades como las de Cambridge Analityca, donde la empresa enviaba de forma masiva noticias falsas con los datos obtenidos de los usuarios de Facebook sin su consentimiento.

Adsuara detalla que en España “sería lícito porque a falta del consentimiento de los usuarios, se concede a los partidos políticos una autorización legal”. Sin embargo, de la Quadra-Salcedo agrega que es posible que se haya hecho con buena intención, como una forma de regular este fenómeno.

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