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Los integrantes del Tercer Sector exponen sus demandas al nuevo ejecutivo

Piden que se trate la pobreza estructural más allá de la pobreza infantil   De cara a las necesidades que […]

Piden que se trate la pobreza estructural más allá de la pobreza infantil

 

De cara a las necesidades que enfrenta el país, los miembros del Tercer Sector han manifestados sus demandas a la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, quien según sus peticiones debería ir más allá de sus funciones y tomar en cuenta el ámbito social.

 

El Tercer Sector de Acción Social (TSAS) es según la definición aprobada por el Consejo Estatal de ONG de Acción Social Consejo Estatal, es “el ámbito formado por entidades privadas de carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre iniciativa ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria tratando, por medio de acciones de interés general, de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones y de evitar que determinados colectivos sociales queden excluidos de unos niveles suficientes de bienestar”.

 

Estas entidades han incluido en sus peticiones que no merme el porcentaje del 20 % del Estado de acuerdo a lo establecido en el modelo mixto de gestión del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) creado para fines sociales.

 

“Esperemos que no solo sea una ministra de Sanidad sino también de lo social, hay que tener en cuenta que en lo social tenemos una serie de demandas todavía latentes, una es el tema de la financiación: ¿cómo se va a seguir gestionando la X solidaria? Ahora mismo el 20 por ciento está en manos de lo estatal y el 80 por ciento, en manos de las comunidades autónomas. Pedimos que se mantenga”, insiste Poyato.

 

Tras la designación de la ministra el vocero teme que el 20 % no se mantenga como mínimo para las organizaciones sociales. Aclara que éstas no pueden estar desamparadas y necesitan ese financiamiento para  “tener programas de innovación social que favorezcan a las más de 30.000 entidades que hay en el territorio español”.

 

Te podría interesar: Los expertos disertan sobre los beneficios de la comunicación digital en el Tercer Sector

 

Legislación efectiva

Asimismo, exigen que las normas se dispongan de manera correcta en la Ley del Tercer Sector que fue aprobada en el año 2015. Resaltan que se requiere un plan de actualización e impulso del Tercer Sector, el cual implicaría “un reciclaje y una formación profesional de las entidades, una adecuada gestión de las personas voluntarias, y un impulso a nivel económico para poder desarrollar proyectos para las personas que más lo necesitan, las personas en exclusión”.

 

Esperan en este nuevo periodo crear un plan más allá de lo habitual para luchar contra la exclusión. Una de las tareas pendientes es este plan extraordinario que debería ser coordinado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en conjunto con el Alto Comisionado contra la pobreza infantil, una instancia recién creada.

 

Concluyen que el problema no es solo la pobreza infantil sino la estructural que afecta a las familias y por lo tanto a toda la nación. Esperan que como médico, ex consejera de salud en Valencia y diputada, Montón desarrolle una gestión positiva en el cargo que se le ha encomendado.

9 junio, 2018
Piden que se trate la pobreza estructural más allá de la pobreza infantil

 

De cara a las necesidades que enfrenta el país, los miembros del Tercer Sector han manifestados sus demandas a la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, quien según sus peticiones debería ir más allá de sus funciones y tomar en cuenta el ámbito social.

 

El Tercer Sector de Acción Social (TSAS) es según la definición aprobada por el Consejo Estatal de ONG de Acción Social Consejo Estatal, es “el ámbito formado por entidades privadas de carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre iniciativa ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria tratando, por medio de acciones de interés general, de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones y de evitar que determinados colectivos sociales queden excluidos de unos niveles suficientes de bienestar”.

 

Estas entidades han incluido en sus peticiones que no merme el porcentaje del 20 % del Estado de acuerdo a lo establecido en el modelo mixto de gestión del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) creado para fines sociales.

 

“Esperemos que no solo sea una ministra de Sanidad sino también de lo social, hay que tener en cuenta que en lo social tenemos una serie de demandas todavía latentes, una es el tema de la financiación: ¿cómo se va a seguir gestionando la X solidaria? Ahora mismo el 20 por ciento está en manos de lo estatal y el 80 por ciento, en manos de las comunidades autónomas. Pedimos que se mantenga”, insiste Poyato.

 

Tras la designación de la ministra el vocero teme que el 20 % no se mantenga como mínimo para las organizaciones sociales. Aclara que éstas no pueden estar desamparadas y necesitan ese financiamiento para  “tener programas de innovación social que favorezcan a las más de 30.000 entidades que hay en el territorio español”.

 

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Legislación efectiva

Asimismo, exigen que las normas se dispongan de manera correcta en la Ley del Tercer Sector que fue aprobada en el año 2015. Resaltan que se requiere un plan de actualización e impulso del Tercer Sector, el cual implicaría “un reciclaje y una formación profesional de las entidades, una adecuada gestión de las personas voluntarias, y un impulso a nivel económico para poder desarrollar proyectos para las personas que más lo necesitan, las personas en exclusión”.

 

Esperan en este nuevo periodo crear un plan más allá de lo habitual para luchar contra la exclusión. Una de las tareas pendientes es este plan extraordinario que debería ser coordinado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en conjunto con el Alto Comisionado contra la pobreza infantil, una instancia recién creada.

 

Concluyen que el problema no es solo la pobreza infantil sino la estructural que afecta a las familias y por lo tanto a toda la nación. Esperan que como médico, ex consejera de salud en Valencia y diputada, Montón desarrolle una gestión positiva en el cargo que se le ha encomendado.

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