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Migrantes ya cuentan con derecho a asistencia sanitaria pública

El decreto iguala las condiciones de los inmigrantes con los españoles sin tener que justificar su residencia en España es […]

El decreto iguala las condiciones de los inmigrantes con los españoles sin tener que justificar su residencia en España es decir, sin necesidad de empadronamiento

 

España derogó la cuestionada reforma sanitaria impulsada durante el anterior gobierno del conservador Mariano Rajoy, que vetó el acceso a los inmigrantes indocumentados a la salud gratuita y universal, hace seis años.

El nuevo ejecutivo del socialista Pedro Sánchez invalidó el decreto aprobado en el año 2012, que entonces supuso la expulsión del sistema público de salud de unos 800 mil extranjeros en situación irregular.

La nueva ley establece que los migrantes tendrán derecho a la asistencia sanitaria en iguales condiciones que los españoles sin tener que justificar su residencia en España, es decir, sin necesidad de empadronamiento.

‘Una sociedad justa no deja a nadie atrás’, subrayó en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros que dio luz verde a un real decreto para modificar la polémica reforma del PP.

“España disfruta de una sanidad pública y de calidad de la que nos sentimos muy orgullosos. Hoy se fortalece recuperando el carácter de universalidad”, celebró Montón, quien recordó que la salud es un derecho básico de toda persona.

La flamante norma vincula la asistencia sanitaria a la ciudadanía y no al concepto de asegurado, explicó la titular. Negó que el acceso universal al Sistema Nacional de Salud español represente un sobrecoste.

Por el contrario, favorece la sostenibilidad del sistema porque permite un mejor control de las enfermedades en la atención primaria y evita que los pacientes acudan a urgencias, lo cual implica un mayor gasto, defendió.

 

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De acuerdo con Montón, ‘la exclusión sanitaria que puso en marcha el anterior Gobierno provocó un empeoramiento de la salud de las personas que quedaron al margen del sistema’.

Como parte de un draconiano plan de austeridad para reducir el déficit fiscal, el PP de Rajoy acordó hace seis años una poda de siete mil millones de euros en el ámbito de la salud (un 10 por ciento del gasto sanitario estatal).

Esos recortes repercutieron sobre las finanzas de las 17 regiones que tienen transferidas las competencias en prestaciones esenciales tan sensibles como la sanidad y la educación. Además de restringir el acceso de los migrantes ‘sin papeles’ a la salud gratuita y universal, la entonces derecha en el poder introdujo en la impugnada reforma nuevos copagos farmacéuticos en función de la renta, que por primera vez afectaron a los pensionistas. Desde su aplicación, esas medidas generaron multitudinarias protestas ciudadanas.

La Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto 16/2012 asegura que, solo desde el año 2014, hubo 4.755 excluidos, y que 194 de ellos eran mujeres embarazadas y otros 322 menores, a pesar de que, en teoría, ambos grupos tenían garantizada la atención sanitaria. Sin embargo, un estudio de la Universidad Pompeu Fabra publicado este año habla de un incremento del 15 % de mortalidad entre los migrantes.

9 septiembre, 2018

El decreto iguala las condiciones de los inmigrantes con los españoles sin tener que justificar su residencia en España es decir, sin necesidad de empadronamiento

 

España derogó la cuestionada reforma sanitaria impulsada durante el anterior gobierno del conservador Mariano Rajoy, que vetó el acceso a los inmigrantes indocumentados a la salud gratuita y universal, hace seis años.

El nuevo ejecutivo del socialista Pedro Sánchez invalidó el decreto aprobado en el año 2012, que entonces supuso la expulsión del sistema público de salud de unos 800 mil extranjeros en situación irregular.

La nueva ley establece que los migrantes tendrán derecho a la asistencia sanitaria en iguales condiciones que los españoles sin tener que justificar su residencia en España, es decir, sin necesidad de empadronamiento.

‘Una sociedad justa no deja a nadie atrás’, subrayó en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros que dio luz verde a un real decreto para modificar la polémica reforma del PP.

“España disfruta de una sanidad pública y de calidad de la que nos sentimos muy orgullosos. Hoy se fortalece recuperando el carácter de universalidad”, celebró Montón, quien recordó que la salud es un derecho básico de toda persona.

La flamante norma vincula la asistencia sanitaria a la ciudadanía y no al concepto de asegurado, explicó la titular. Negó que el acceso universal al Sistema Nacional de Salud español represente un sobrecoste.

Por el contrario, favorece la sostenibilidad del sistema porque permite un mejor control de las enfermedades en la atención primaria y evita que los pacientes acudan a urgencias, lo cual implica un mayor gasto, defendió.

 

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De acuerdo con Montón, ‘la exclusión sanitaria que puso en marcha el anterior Gobierno provocó un empeoramiento de la salud de las personas que quedaron al margen del sistema’.

Como parte de un draconiano plan de austeridad para reducir el déficit fiscal, el PP de Rajoy acordó hace seis años una poda de siete mil millones de euros en el ámbito de la salud (un 10 por ciento del gasto sanitario estatal).

Esos recortes repercutieron sobre las finanzas de las 17 regiones que tienen transferidas las competencias en prestaciones esenciales tan sensibles como la sanidad y la educación. Además de restringir el acceso de los migrantes ‘sin papeles’ a la salud gratuita y universal, la entonces derecha en el poder introdujo en la impugnada reforma nuevos copagos farmacéuticos en función de la renta, que por primera vez afectaron a los pensionistas. Desde su aplicación, esas medidas generaron multitudinarias protestas ciudadanas.

La Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto 16/2012 asegura que, solo desde el año 2014, hubo 4.755 excluidos, y que 194 de ellos eran mujeres embarazadas y otros 322 menores, a pesar de que, en teoría, ambos grupos tenían garantizada la atención sanitaria. Sin embargo, un estudio de la Universidad Pompeu Fabra publicado este año habla de un incremento del 15 % de mortalidad entre los migrantes.

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