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ONG Global Witnees: 2017 fue un año sangriento para los defensores de la tierra

ONG británica revela cifras alarmantes sobre asesinatos a defensores ambientales   Defender la tierra es lo que le da sentido […]

ONG británica revela cifras alarmantes sobre asesinatos a defensores ambientales

 

Defender la tierra es lo que le da sentido a la vida de muchas personas alrededor del mundo. Ambientalistas, indígenas, abogados, periodistas y activistas comunitarios luchan cada día por sus tierras y animales, en contra de regímenes, mafias y empresas privadas que a través de los años han querido arrebatárselas. Lamentablemente, no muchos viven para contar su experiencia y quedan solo como parte de la cifras. En esta ocasión la ONG británica Global Witness ha publicado su tercer informe anual en el que se refleja cómo ha evolucionado la violencia contra los defensores ambientales alrededor del mundo.

Un total aproximado de 207 personas fueron asesinadas en el año 2017, de acuerdo al análisis hecho por la organización en 22 países. Destacan que el año pasado fue uno de los más letales para este sector. El informe llamado: ¿A qué costo? Apunta que la agroindustria es el área más violenta en comparación con la minería.

¿Quiénes son los perseguidos?

Según desprende el reporte de la ONG británica “una persona defensora de la tierra o del medio ambiente es alguien que toma medidas pacíficas, voluntaria o profesionalmente, para proteger los derechos ambientales o de la tierra”.

No en todos los casos son indígenas o ecologistas. “Otras son líderes indígenas o campesinos que viven en montañas remotas o bosques aislados, que protegen sus tierras ancestrales y sus medios de vida tradicionales de proyectos mineros, agronegocios a gran escala, represas hidroeléctricas y hoteles de lujo. Otros son guardabosques, que abordan la caza furtiva y la tala ilegal. También podrían ser abogados, periodistas o personal de ONG, que trabajan para exponer el abuso ambiental y el acaparamiento de tierras”, agrega.

Muestra de ello es el asesinato en Colombia de Hernán Bedoya, un hombre que manifestaba contra plantaciones de palma aceitera y plátano en tierras robadas. Fue asesinado con 14 disparos por un grupo paramilitar en diciembre del año 2017.

Además de ser su fuente de ingreso, muchos defienden estas tierras por lo que representan en su vida. “La tierra nos orienta, el árbol sabe más”, asegura el catedrático Mauro Mamani, nacido en Arequipa y que creció cultivando una parcela cedida por un terrateniente. “Ese pedazo de tierra no se cansaba de parir y alimentó a toda la familia”, relató en una conferencia.

La corrupción y los asesinatos

Al analizar los datos publicados por la ONG surge una conclusión: la corrupción está ampliamente relacionada con el número de asesinatos. Brasil, que además de ser uno de los territorios con más extensión y recursos, también es reconocido por su altos índices de corrupción. Esta resultó ser la nación con más fallecidos durante el año 2017.

“Brasil fue el escenario de tres horribles masacres en las cuales murieron 25 personas defensoras. Ocho activistas indígenas fueron masacrados en Filipinas, mientras que en México, Perú y la República Democrática del Congo también tuvieron lugar incidentes, en los que murieron más de cuatro personas a la vez”, informa Global Witness.

En Filipinas, ocho miembros de una comunidad que se oponían a una gran plantación de café de la empresa Silvicultural Industries, en su tierra, fueron matados por miembros del Ejército. La ONG sospecha que esa fuerza armada es responsable del 56% de asesinatos en el país: el 67% de las muertes ocurrieron en la isla de Mindanao, rica en recursos; y el 41% está relacionado a la agroindustria.

Al hacer un recuento, la ONG concluye que del total de fallecidos, 57 murieron en Brasil de manera individual y 25 durante masacres, el 80 % defendía recursos de la Amazonia.

En Colombia fallecieron 24 personas, México 15, Perú 8 y en Filipinas 48. Durante masacres, 8 activistas fallecieron en Filipinas y más de 4 en México, Perú y República Democrática del Congo.

De todos los asesinatos, 60 % ocurrieron en América Latina y al mismo tiempo en 15 % de los casos se trato de indígenas. Cabe destacar que la población indígena representa el 5 % de la población mundial según la ONG.

“Un factor en común entre los países con mayor números de asesinatos son los altos índices de corrupción gubernamental. Y aunque se podría decir que hay menos ataques en contra de defensores en países más democráticos, vale la pena someter a escrutinio el papel de los países inversionistas que facilitan la entrada de sus empresas en contextos donde opositores y activistas son atacados. No hay tantos asesinatos en Canadá o España, pero tienen inversiones relacionadas con ataques en el extranjero” explica el encargado de campañas de la ONG.

Propuestas

Frente a las preocupantes cifras, la ONG recomienda en su reporte que los Gobiernos fortalezcan las instituciones que protegen los derechos de los pueblos indígenas y su acceso a la tierra, ofrezcan mecanismos de seguridad a las personas amenazadas, y garanticen la rendición de cuentas y transparencia del Estado, dado que la corrupción y la participación de agentes del orden en las muertes están asociadas al incremento de las agresiones.

Te podría interesar: España y sus “Tierras muertas” no concuerdan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

“Existen propuestas desde la sociedad civil que los Gobiernos de la región deben de aplicar. En Honduras, se ha solicitado una Fiscalía Especial para delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos. En Brasil, se ha pedido la federalización de asesinatos emblemáticos de personas defensoras cuyas investigaciones no avanzan a escala local. En México también urgen a las fiscalías a cambiar la metodología para que consideren adecuadamente los motivos potenciales, relacionados con el activismo de la víctima”, destaca un representate de la organización.

Sin embargo, el camino es largo porque la mayoría de los países más afectados, sobre todo en Latinoamérica no cuenta con sistemas que eviten eficientemente este tipo de delitos que solo ha ido en incremento en los últimos años. La empresa privada también tiene un papel fundamental, en su caso podrían evaluar a profundidad la procedencia de su materia prima; procurando que no se produzcan en tierras ilegales o robadas y que trabajen de mano con organizaciones ambientales y comunidades indígenas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 julio, 2018

ONG británica revela cifras alarmantes sobre asesinatos a defensores ambientales

 

Defender la tierra es lo que le da sentido a la vida de muchas personas alrededor del mundo. Ambientalistas, indígenas, abogados, periodistas y activistas comunitarios luchan cada día por sus tierras y animales, en contra de regímenes, mafias y empresas privadas que a través de los años han querido arrebatárselas. Lamentablemente, no muchos viven para contar su experiencia y quedan solo como parte de la cifras. En esta ocasión la ONG británica Global Witness ha publicado su tercer informe anual en el que se refleja cómo ha evolucionado la violencia contra los defensores ambientales alrededor del mundo.

Un total aproximado de 207 personas fueron asesinadas en el año 2017, de acuerdo al análisis hecho por la organización en 22 países. Destacan que el año pasado fue uno de los más letales para este sector. El informe llamado: ¿A qué costo? Apunta que la agroindustria es el área más violenta en comparación con la minería.

¿Quiénes son los perseguidos?

Según desprende el reporte de la ONG británica “una persona defensora de la tierra o del medio ambiente es alguien que toma medidas pacíficas, voluntaria o profesionalmente, para proteger los derechos ambientales o de la tierra”.

No en todos los casos son indígenas o ecologistas. “Otras son líderes indígenas o campesinos que viven en montañas remotas o bosques aislados, que protegen sus tierras ancestrales y sus medios de vida tradicionales de proyectos mineros, agronegocios a gran escala, represas hidroeléctricas y hoteles de lujo. Otros son guardabosques, que abordan la caza furtiva y la tala ilegal. También podrían ser abogados, periodistas o personal de ONG, que trabajan para exponer el abuso ambiental y el acaparamiento de tierras”, agrega.

Muestra de ello es el asesinato en Colombia de Hernán Bedoya, un hombre que manifestaba contra plantaciones de palma aceitera y plátano en tierras robadas. Fue asesinado con 14 disparos por un grupo paramilitar en diciembre del año 2017.

Además de ser su fuente de ingreso, muchos defienden estas tierras por lo que representan en su vida. “La tierra nos orienta, el árbol sabe más”, asegura el catedrático Mauro Mamani, nacido en Arequipa y que creció cultivando una parcela cedida por un terrateniente. “Ese pedazo de tierra no se cansaba de parir y alimentó a toda la familia”, relató en una conferencia.

La corrupción y los asesinatos

Al analizar los datos publicados por la ONG surge una conclusión: la corrupción está ampliamente relacionada con el número de asesinatos. Brasil, que además de ser uno de los territorios con más extensión y recursos, también es reconocido por su altos índices de corrupción. Esta resultó ser la nación con más fallecidos durante el año 2017.

“Brasil fue el escenario de tres horribles masacres en las cuales murieron 25 personas defensoras. Ocho activistas indígenas fueron masacrados en Filipinas, mientras que en México, Perú y la República Democrática del Congo también tuvieron lugar incidentes, en los que murieron más de cuatro personas a la vez”, informa Global Witness.

En Filipinas, ocho miembros de una comunidad que se oponían a una gran plantación de café de la empresa Silvicultural Industries, en su tierra, fueron matados por miembros del Ejército. La ONG sospecha que esa fuerza armada es responsable del 56% de asesinatos en el país: el 67% de las muertes ocurrieron en la isla de Mindanao, rica en recursos; y el 41% está relacionado a la agroindustria.

Al hacer un recuento, la ONG concluye que del total de fallecidos, 57 murieron en Brasil de manera individual y 25 durante masacres, el 80 % defendía recursos de la Amazonia.

En Colombia fallecieron 24 personas, México 15, Perú 8 y en Filipinas 48. Durante masacres, 8 activistas fallecieron en Filipinas y más de 4 en México, Perú y República Democrática del Congo.

De todos los asesinatos, 60 % ocurrieron en América Latina y al mismo tiempo en 15 % de los casos se trato de indígenas. Cabe destacar que la población indígena representa el 5 % de la población mundial según la ONG.

“Un factor en común entre los países con mayor números de asesinatos son los altos índices de corrupción gubernamental. Y aunque se podría decir que hay menos ataques en contra de defensores en países más democráticos, vale la pena someter a escrutinio el papel de los países inversionistas que facilitan la entrada de sus empresas en contextos donde opositores y activistas son atacados. No hay tantos asesinatos en Canadá o España, pero tienen inversiones relacionadas con ataques en el extranjero” explica el encargado de campañas de la ONG.

Propuestas

Frente a las preocupantes cifras, la ONG recomienda en su reporte que los Gobiernos fortalezcan las instituciones que protegen los derechos de los pueblos indígenas y su acceso a la tierra, ofrezcan mecanismos de seguridad a las personas amenazadas, y garanticen la rendición de cuentas y transparencia del Estado, dado que la corrupción y la participación de agentes del orden en las muertes están asociadas al incremento de las agresiones.

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“Existen propuestas desde la sociedad civil que los Gobiernos de la región deben de aplicar. En Honduras, se ha solicitado una Fiscalía Especial para delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos. En Brasil, se ha pedido la federalización de asesinatos emblemáticos de personas defensoras cuyas investigaciones no avanzan a escala local. En México también urgen a las fiscalías a cambiar la metodología para que consideren adecuadamente los motivos potenciales, relacionados con el activismo de la víctima”, destaca un representate de la organización.

Sin embargo, el camino es largo porque la mayoría de los países más afectados, sobre todo en Latinoamérica no cuenta con sistemas que eviten eficientemente este tipo de delitos que solo ha ido en incremento en los últimos años. La empresa privada también tiene un papel fundamental, en su caso podrían evaluar a profundidad la procedencia de su materia prima; procurando que no se produzcan en tierras ilegales o robadas y que trabajen de mano con organizaciones ambientales y comunidades indígenas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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