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ONGs alegan que la normativa contra la corrupción no cumple con su fin

La Asociación de Consumidores y Usuarios y José María Mena son las ONGs que apoyan la iniciativa La Ley Integral […]

La Asociación de Consumidores y Usuarios y José María Mena son las ONGs que apoyan la iniciativa

La Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes propuesta no cumpliría el objetivo previsto de manera adecuada. Así lo han afirmado Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de lucha activa contra la corrupción y fomento de sociedades abiertas en España y en todo el mundo.

Tras un al análisis llevado a cabo por la coalición de las organizaciones sin ánimo de lucro, sigue siendo cuestionable en qué medida el borrador abordaría con eficacia la extendida cultura de la corrupción que ha tomado el control del país durante varias décadas, de cara a que el gobierno español está debatiendo la normativa combinada contra la corrupción y de protección al denunciante.

Lara Carrasco, de la ONG española Corruptil, ha comentado: “Esta propuesta ley no puede ser considerada una Ley Integral Contra la Corrupción Política. Entre otras olvida recoger numerosas medias relativas a la tutela penal, judicial, institucional, de prevención o educativas, todas ellas imprescindibles para hacer frente a esta lacra social. O se omite buscar una solución urgente a la instrucción de los procedimientos judiciales, implementado medidas como podrían ser los juzgados especializados. Es imprescindible abordar de forma rigurosa este tema y modificar la propuesta de Ley existente”.

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) había recomendado también continuamente la aplicación de ambas medidas. A tal grado, un ejemplo llamativo es que el borrador no incluye ni el establecimiento de un Código de Conducta para los parlamentarios ni un registro de transparencia para los grupos de presión –ambos, elementos fundamentales en el control eficaz del abuso de poder en la política.

Igualmente, no se prevén mecanismos que mejoren la independencia de la judicatura –hasta la fecha, no hay límites para la participación de los miembros del parlamento en el proceso de selección de jueces en los tribunales superiores en el territorio nacional.

La máxima autoridad de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), Baltasar Garzón, ha argumentado que “es necesario mejorar el proceso de selección de jueces en los tribunales superiores, implantando un sistema basado en méritos contrastados, con una audiencia pública para exponerlos. Esto debería combinarse con la participación de la sociedad civil, así como un mecanismo transparente de responsabilidad sobre el desempeño correcto de los funcionarios públicos, para despejar cualquier duda cuando se designe un puesto. Esto tiene una relevancia especial en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene la obligación de seleccionar, formar y elegir los puestos de la Judicatura”.

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No obstante, la propuesta tampoco está a la altura de la normativa internacional. No solo está limitada en los tipos de conducta irregular de los que informar, sino que solo protegería a los denunciantes que trabajan en autoridades públicas. La idea no permite las revelaciones de información ni los informes a organizaciones externas de forma anónima. Esto tiene un efecto disuasorio a la hora de utilizar eficazmente la protección de los denunciantes como un medio para hacer frente a las conductas anormales.

Suelette Dreyfus, de la ONG internacional Blueprint for Free Speech, ha precisado: “A veces, es posible que los denunciantes no se sientan seguros para informar a nivel interno, o para revelar su identidad, simplemente por el carácter de la información. Para estos casos, deberían poder informar de ello anónimamente. En los casos de corrupción en el sistema, los denunciantes necesitan tener la opción de confiar en un canal externo verdaderamente independiente, como los medios de comunicación, un MP honesto o un organismo especializado. De lo contrario, el interés público puede verse seriamente dañado. La corrupción a gran escala, de la cual los medios españoles han informado en los últimos años, puede continuar sin darse a conocer. Sin duda alguna, esto no es lo que los legisladores españoles quieren que ocurra”.

Tanto Asociación de Afectados y Afectadas por la Venta de Viviendas EMVS, como Associated Whistleblowing Press, filtrala, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, Ajura, Plataforma La Honestidad y la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena son las ONGs que apoyan la iniciativa.

9 junio, 2018
La Asociación de Consumidores y Usuarios y José María Mena son las ONGs que apoyan la iniciativa

La Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes propuesta no cumpliría el objetivo previsto de manera adecuada. Así lo han afirmado Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de lucha activa contra la corrupción y fomento de sociedades abiertas en España y en todo el mundo.

Tras un al análisis llevado a cabo por la coalición de las organizaciones sin ánimo de lucro, sigue siendo cuestionable en qué medida el borrador abordaría con eficacia la extendida cultura de la corrupción que ha tomado el control del país durante varias décadas, de cara a que el gobierno español está debatiendo la normativa combinada contra la corrupción y de protección al denunciante.

Lara Carrasco, de la ONG española Corruptil, ha comentado: “Esta propuesta ley no puede ser considerada una Ley Integral Contra la Corrupción Política. Entre otras olvida recoger numerosas medias relativas a la tutela penal, judicial, institucional, de prevención o educativas, todas ellas imprescindibles para hacer frente a esta lacra social. O se omite buscar una solución urgente a la instrucción de los procedimientos judiciales, implementado medidas como podrían ser los juzgados especializados. Es imprescindible abordar de forma rigurosa este tema y modificar la propuesta de Ley existente”.

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) había recomendado también continuamente la aplicación de ambas medidas. A tal grado, un ejemplo llamativo es que el borrador no incluye ni el establecimiento de un Código de Conducta para los parlamentarios ni un registro de transparencia para los grupos de presión –ambos, elementos fundamentales en el control eficaz del abuso de poder en la política.

Igualmente, no se prevén mecanismos que mejoren la independencia de la judicatura –hasta la fecha, no hay límites para la participación de los miembros del parlamento en el proceso de selección de jueces en los tribunales superiores en el territorio nacional.

La máxima autoridad de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), Baltasar Garzón, ha argumentado que “es necesario mejorar el proceso de selección de jueces en los tribunales superiores, implantando un sistema basado en méritos contrastados, con una audiencia pública para exponerlos. Esto debería combinarse con la participación de la sociedad civil, así como un mecanismo transparente de responsabilidad sobre el desempeño correcto de los funcionarios públicos, para despejar cualquier duda cuando se designe un puesto. Esto tiene una relevancia especial en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene la obligación de seleccionar, formar y elegir los puestos de la Judicatura”.

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No obstante, la propuesta tampoco está a la altura de la normativa internacional. No solo está limitada en los tipos de conducta irregular de los que informar, sino que solo protegería a los denunciantes que trabajan en autoridades públicas. La idea no permite las revelaciones de información ni los informes a organizaciones externas de forma anónima. Esto tiene un efecto disuasorio a la hora de utilizar eficazmente la protección de los denunciantes como un medio para hacer frente a las conductas anormales.

Suelette Dreyfus, de la ONG internacional Blueprint for Free Speech, ha precisado: “A veces, es posible que los denunciantes no se sientan seguros para informar a nivel interno, o para revelar su identidad, simplemente por el carácter de la información. Para estos casos, deberían poder informar de ello anónimamente. En los casos de corrupción en el sistema, los denunciantes necesitan tener la opción de confiar en un canal externo verdaderamente independiente, como los medios de comunicación, un MP honesto o un organismo especializado. De lo contrario, el interés público puede verse seriamente dañado. La corrupción a gran escala, de la cual los medios españoles han informado en los últimos años, puede continuar sin darse a conocer. Sin duda alguna, esto no es lo que los legisladores españoles quieren que ocurra”.

Tanto Asociación de Afectados y Afectadas por la Venta de Viviendas EMVS, como Associated Whistleblowing Press, filtrala, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, Ajura, Plataforma La Honestidad y la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena son las ONGs que apoyan la iniciativa.

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