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Psiquiátrico se aleja de la cura en Santiago de Compostela

Un vocero del movimiento gallego que defiende la salud mental visitó el psiquiátrico   Recientemente se han levantado sospechas sobre […]

Un vocero del movimiento gallego que defiende la salud mental visitó el psiquiátrico

 

Recientemente se han levantado sospechas sobre el Sanatorio Psiquiátrico de Conxo en Santiago de Compostela, donde al parecer los pacientes permanecen más años de lo que deberían, en instalaciones apropiadas y con malos tratos, alejados de una posible cura y un tratamiento humanizado. Es el resultado de una evaluación realizada por Miguel Anxo García, vocero del Movimiento Gallego de Defensa de la Salud Mental, quien declaró que “Conxo es un sumidero de los derechos humanos”.

La organización denunciante esta integrada por una veintena de sindicatos, colectivos sociales y organizaciones científicas. García, psicólogo clínico del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago al que está unido el psiquiátrico, explica que en el sanatorio conviven más de un centenar de “personas asiladas, que están allí como residentes”, con pacientes en proceso de rehabilitación (42 plazas) y afectados por alteraciones psiquiátricas “intensas” ingresados en la unidad de cuidados especiales (42 plazas). “La reforma [psiquiátrica] en Conxo fue eternamente pospuesta y en parte no llegó; nunca se hicieron las inversiones necesarias”, detalla García.

Durante una visita inesperada de dos técnicos del Defensor del pueblo, dos técnicas externas y una asesora del Valedor do Pobo de Galicia, se realizaron una seria de entrevistas con miembros de la dirección, equipo médico y el resto del personal. Los investigadores además revisaron archivos para examinar los expedicencias y se reunieron con algunos pacientes de manera reservada.

Los hallazgos

De aquella visita realizada el pasado 29 de noviembre, los inspectores concluyeron que el sanatorio, abierto en 1885 por la Iglesia está muy lejos de ser un centro asistencia moderno de psquiatría. Aseguran que sigue siendo más un “centro residencial de salud mental de larga estancia”.

Una estanacia que algunos pacientes cuentan en 30 y 50 años. Personas que finalmente son olvidadasEnfermos a los que, según registra el Defensor del Pueblo, el hospital no practica seguimiento y que han tenido y tienen un “menor o mínimo acceso a actividades encaminadas al incremento de su autonomía e independencia”.

“Un dispositivo así es ilegal, no debería existir, porque permite la violación sistemática de derechos de personas discapacitadas con una vulnerabilidad extrema”, lamenta Xosé Ramón Girón, presidente de la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Galicia (Feafes). Pese a que los inspectores del Defensor del Pueblo concluyen que el personal trata a los internos con “respeto, cariño y cercanía”, el centro sufre una “insuficiencia general de recursos adecuados para su atención extrahospitalaria y sociosanitaria”, con instalaciones “obsoletas” y habitaciones “de aspecto impersonal”, en las que sus moradores ni siquiera se rodean de sus enseres y pertenencias.

Estas irregularidades hacen que el centro de Conxo resalte sobre las demás unidades de atención psiquiátrica en el país, donde nunca se han reportado situaciones de este tipo.

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Por otro lado, la inspección ha constatado importantes carencias de personal que la Xunta también niega. En el hospital trabaja una única psicóloga clínica y un solo médico internista y las trabajadoras sociales soportan una carga de trabajo “alta” porque, señala el informe del Defensor del Pueblo, se ven obligadas a suplir las funciones de los tutores de los numerosos enfermos incapacitados.

El Movimiento Gallego de Defensa de la Salud Mental sostiene que debería aumentarse la plantilla con tres psiquiatras, siete psicólogos clínicos, 23 enfermeros, cuatro terapeutas ocupacionales y dos trabajadores sociales. Su portavoz rememora uno de los lemas de la reforma psiquiátrica, que abogaba por cerrar la puerta delantera de los manicomios y abrir la trasera para liberar a los enfermos, al resumir cómo debería saldar la Administración las cuentas pendientes con Conxo: “Hay que cerrar su puerta delantera y dotarlo de recursos para rehabilitar a las personas que están allí y que puedan salir”.

 

24 julio, 2018

Un vocero del movimiento gallego que defiende la salud mental visitó el psiquiátrico

 

Recientemente se han levantado sospechas sobre el Sanatorio Psiquiátrico de Conxo en Santiago de Compostela, donde al parecer los pacientes permanecen más años de lo que deberían, en instalaciones apropiadas y con malos tratos, alejados de una posible cura y un tratamiento humanizado. Es el resultado de una evaluación realizada por Miguel Anxo García, vocero del Movimiento Gallego de Defensa de la Salud Mental, quien declaró que “Conxo es un sumidero de los derechos humanos”.

La organización denunciante esta integrada por una veintena de sindicatos, colectivos sociales y organizaciones científicas. García, psicólogo clínico del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago al que está unido el psiquiátrico, explica que en el sanatorio conviven más de un centenar de “personas asiladas, que están allí como residentes”, con pacientes en proceso de rehabilitación (42 plazas) y afectados por alteraciones psiquiátricas “intensas” ingresados en la unidad de cuidados especiales (42 plazas). “La reforma [psiquiátrica] en Conxo fue eternamente pospuesta y en parte no llegó; nunca se hicieron las inversiones necesarias”, detalla García.

Durante una visita inesperada de dos técnicos del Defensor del pueblo, dos técnicas externas y una asesora del Valedor do Pobo de Galicia, se realizaron una seria de entrevistas con miembros de la dirección, equipo médico y el resto del personal. Los investigadores además revisaron archivos para examinar los expedicencias y se reunieron con algunos pacientes de manera reservada.

Los hallazgos

De aquella visita realizada el pasado 29 de noviembre, los inspectores concluyeron que el sanatorio, abierto en 1885 por la Iglesia está muy lejos de ser un centro asistencia moderno de psquiatría. Aseguran que sigue siendo más un “centro residencial de salud mental de larga estancia”.

Una estanacia que algunos pacientes cuentan en 30 y 50 años. Personas que finalmente son olvidadasEnfermos a los que, según registra el Defensor del Pueblo, el hospital no practica seguimiento y que han tenido y tienen un “menor o mínimo acceso a actividades encaminadas al incremento de su autonomía e independencia”.

“Un dispositivo así es ilegal, no debería existir, porque permite la violación sistemática de derechos de personas discapacitadas con una vulnerabilidad extrema”, lamenta Xosé Ramón Girón, presidente de la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Galicia (Feafes). Pese a que los inspectores del Defensor del Pueblo concluyen que el personal trata a los internos con “respeto, cariño y cercanía”, el centro sufre una “insuficiencia general de recursos adecuados para su atención extrahospitalaria y sociosanitaria”, con instalaciones “obsoletas” y habitaciones “de aspecto impersonal”, en las que sus moradores ni siquiera se rodean de sus enseres y pertenencias.

Estas irregularidades hacen que el centro de Conxo resalte sobre las demás unidades de atención psiquiátrica en el país, donde nunca se han reportado situaciones de este tipo.

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Por otro lado, la inspección ha constatado importantes carencias de personal que la Xunta también niega. En el hospital trabaja una única psicóloga clínica y un solo médico internista y las trabajadoras sociales soportan una carga de trabajo “alta” porque, señala el informe del Defensor del Pueblo, se ven obligadas a suplir las funciones de los tutores de los numerosos enfermos incapacitados.

El Movimiento Gallego de Defensa de la Salud Mental sostiene que debería aumentarse la plantilla con tres psiquiatras, siete psicólogos clínicos, 23 enfermeros, cuatro terapeutas ocupacionales y dos trabajadores sociales. Su portavoz rememora uno de los lemas de la reforma psiquiátrica, que abogaba por cerrar la puerta delantera de los manicomios y abrir la trasera para liberar a los enfermos, al resumir cómo debería saldar la Administración las cuentas pendientes con Conxo: “Hay que cerrar su puerta delantera y dotarlo de recursos para rehabilitar a las personas que están allí y que puedan salir”.

 

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