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Recortes en el sistema de salud de España afecta a médicos y pacientes desde el Real Decreto de 2012

Amnistía Internacional informa que más de 28.000 médicos han dejado sus cargos por las malas condiciones   Amnistía Internacional ha […]

Amnistía Internacional informa que más de 28.000 médicos han dejado sus cargos por las malas condiciones

 

Amnistía Internacional ha publicado un informe luego de hacer un importante hallazgo alrededor del sistema de salud en España: los efectos de el Real Decreto de 2012, cuando se iniciaron los recortes en el gasto de atención sanitaria, traslado de recursos de ciertos productos sanitarios a los pacientes, limitación de atención a migrantes en situación legal y disminución de recursos para el personal de los centros de salud, artículos e infraestructura.

 

A través de 240 testimonios de doctores, personal sanitario, pacientes y expertos en salud pública, Amnistía culminó el informe denominado La receta equivocada: el impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España, donde la ONG alerta sobre el efecto negativo que ha tenido la medida en los ciudadanos vulnerables económicamente y marginados por la sociedad. Exponen que el Real Decreto de 2012 viola las obligaciones del gobierno español en materia de derechos humanos.

 

Entre las consecuencias de este decreto está el estado crítico de algunos pacientes que deben elegir entre comer o comprar los medicamentos. Uno de los entrevistados, que vive con una discapacidad física narra que el dolor ocasionado por su enfermedad no le permite vivir, y para poder comprar sus analgésicos debe dejar de adquirir comida, pues desde el 2012 le han limitado la subvención de medicinas. Es uno de los tantos de afectados desde que se eliminaron más de 400 medicamentos del sistema de salud público.

 

Los pacientes también deben esperar más para una consulta o intervención quirúrgica. Según el informe de Amnistía Internacional, el tiempo medio de espera para una cirugía de poca urgencia en el 2010 era de 65 días, pero en el 2016, el tiempo de espera llegó a 115 días. Una denuncia constante entre los entrevistados.

 

Una mujer con una enfermedad ósea degenerativa acudió a su médico en agosto del 2017, y le otorgaron una cita para junio de 2018. Más de un año de incertidumbre y dolor, aunado a una dependencia de analgésicos, mientras espera ser atendida. Casos como este también se encuentran en pacientes mentales, quienes deben esperar hasta seis meses para ser atendidos.

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Pero los pacientes no son los únicos afectados, los doctores también sufren las consecuencias de tener salarios más bajos, malas condiciones laborales y contratos inseguros. Amnistía expone que entre el 2012 y el 2014 se perdieron alrededor de 28.500 empleos. Renunciaron por las malas condiciones y la sobrecarga de trabajo.

 

A esto se une la calidad de material médico. De acuerdo al informe, el personal de enfermería expuso la mala calidad de artículos como las agujas para la prueba de diabetes y las sillas de ruedas que han desmejorado desde que se aplicó el decreto del 2012.

 

 

24 abril, 2018
Amnistía Internacional informa que más de 28.000 médicos han dejado sus cargos por las malas condiciones

 

Amnistía Internacional ha publicado un informe luego de hacer un importante hallazgo alrededor del sistema de salud en España: los efectos de el Real Decreto de 2012, cuando se iniciaron los recortes en el gasto de atención sanitaria, traslado de recursos de ciertos productos sanitarios a los pacientes, limitación de atención a migrantes en situación legal y disminución de recursos para el personal de los centros de salud, artículos e infraestructura.

 

A través de 240 testimonios de doctores, personal sanitario, pacientes y expertos en salud pública, Amnistía culminó el informe denominado La receta equivocada: el impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España, donde la ONG alerta sobre el efecto negativo que ha tenido la medida en los ciudadanos vulnerables económicamente y marginados por la sociedad. Exponen que el Real Decreto de 2012 viola las obligaciones del gobierno español en materia de derechos humanos.

 

Entre las consecuencias de este decreto está el estado crítico de algunos pacientes que deben elegir entre comer o comprar los medicamentos. Uno de los entrevistados, que vive con una discapacidad física narra que el dolor ocasionado por su enfermedad no le permite vivir, y para poder comprar sus analgésicos debe dejar de adquirir comida, pues desde el 2012 le han limitado la subvención de medicinas. Es uno de los tantos de afectados desde que se eliminaron más de 400 medicamentos del sistema de salud público.

 

Los pacientes también deben esperar más para una consulta o intervención quirúrgica. Según el informe de Amnistía Internacional, el tiempo medio de espera para una cirugía de poca urgencia en el 2010 era de 65 días, pero en el 2016, el tiempo de espera llegó a 115 días. Una denuncia constante entre los entrevistados.

 

Una mujer con una enfermedad ósea degenerativa acudió a su médico en agosto del 2017, y le otorgaron una cita para junio de 2018. Más de un año de incertidumbre y dolor, aunado a una dependencia de analgésicos, mientras espera ser atendida. Casos como este también se encuentran en pacientes mentales, quienes deben esperar hasta seis meses para ser atendidos.

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Pero los pacientes no son los únicos afectados, los doctores también sufren las consecuencias de tener salarios más bajos, malas condiciones laborales y contratos inseguros. Amnistía expone que entre el 2012 y el 2014 se perdieron alrededor de 28.500 empleos. Renunciaron por las malas condiciones y la sobrecarga de trabajo.

 

A esto se une la calidad de material médico. De acuerdo al informe, el personal de enfermería expuso la mala calidad de artículos como las agujas para la prueba de diabetes y las sillas de ruedas que han desmejorado desde que se aplicó el decreto del 2012.

 

 

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