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Víctimas de la explosión pirotécnica de Tui siguen entre escombros y exigen respuestas

700 personas piden la rehabilitación de sus casas     Perder una casa por la negligencia de una persona abre […]

700 personas piden la rehabilitación de sus casas

 

 

Perder una casa por la negligencia de una persona abre las puertas a un capítulo sumamente difícil en la vida de cualquier familia, pero la situación empeora cuando quienes deben responder, no lo hacen. Solo queda emprender una lucha con medios propios para exigir algo que siempre le ha pertenecido a los afectados. Es la historia en la aldea de Paramos que el pasado 23 de mayo voló por los aires debido a una explosión de fuegos pirotécnicos y ahora en medio de los escombros, exigen que se les construya una nueva casa.

 

Mientras Francisco González Lameiro, dueño de la empresa responsable de la explosión está tras las rejas, 700 vecinos se han agrupado en una plataforma para convocar protestas; el pasado miércoles estuvieron en el Parlamento gallego y el próximo sábado estarán en Tui con el objetivo de conformar una asociación con peso jurídico y reclamar  a las Administraciones su derecho a una vivienda digna.

 

Alegan que las autoridades deben responder porque ellos han sido los responsables de no velar por el destino de la mercancía inflamable que ocasionó la catástrofe.

 

Los fuegos pirotécnicos que pertenecían a la empresa La Gallega estaban escondidos en varias escondites del Tui tras la clausura del negocio. Los vecinos niegan haber conocido el paradero de los productos y más aún niegan haber recibido amenazas por parte del dueño para ocultar su secreto.

 

Lo que nadie puede negar es que hoy en día la aldea de Paramos sigue llena de escombros y aún lamenta la muerte de una pareja que dejó dos niños muertos. Además de 37 fallecidos. Salvador García, portavoz de la comunidad de este núcleo del Ayuntamiento de Tui señala con preocupación que no sabe quien pagará todos los daños. Indica que el Ayuntamiento les ha dicho que podría costar entre cinco y siete millones de euros. El es quien está frente a los 700 afectados que hoy aseguran ser víctimas de la burocracia.

 

Te podría interesar: El barrio más pobre de España alza su voz contra la crisis social

 

La misión en este caso sería rehacer o rehabilitar las 290 casas dañadas. El problema es que mientras más días pasen, son más las estructuras dañadas y el presupuesto no aumenta. El Gobierno gallego hizo publico un decreto donde asegura que correrán con los gastos, pero el grupo de afectados dice que tiene muchos errores y que el monto acordado está muy debajo del tope necesario.

 

En este sentido, la Xunta se ha comprometido en volver a publicar el decreto que debe salir este viernes.  “Nos dimos cuenta nosotros de los errores y menos mal. Una vez más se traslada a la ciudadanía la obligación de informarse y defenderse, pese a que tenemos unas Administraciones que tienen el deber de velar por nosotros. Es increíble”, protesta García, quien celebra al menos que las ayudas autonómicas sean directas e inmediatas y que los damnificados, a diferencia de lo ocurrido en otras catástrofes, no sean obligados a adelantar el dinero.

 

Unidad y coordinación es lo que piden las víctimas de la explosión para poder retornar a sus casas. Aunque están conscientes de que no es facil, confían en que la clave está en la coordinación de las tres administraciones implicadas: Xunta, Ayuntamiento de Tui y Diputación de Pontevedra.

 

 

7 junio, 2018
700 personas piden la rehabilitación de sus casas

 

 

Perder una casa por la negligencia de una persona abre las puertas a un capítulo sumamente difícil en la vida de cualquier familia, pero la situación empeora cuando quienes deben responder, no lo hacen. Solo queda emprender una lucha con medios propios para exigir algo que siempre le ha pertenecido a los afectados. Es la historia en la aldea de Paramos que el pasado 23 de mayo voló por los aires debido a una explosión de fuegos pirotécnicos y ahora en medio de los escombros, exigen que se les construya una nueva casa.

 

Mientras Francisco González Lameiro, dueño de la empresa responsable de la explosión está tras las rejas, 700 vecinos se han agrupado en una plataforma para convocar protestas; el pasado miércoles estuvieron en el Parlamento gallego y el próximo sábado estarán en Tui con el objetivo de conformar una asociación con peso jurídico y reclamar  a las Administraciones su derecho a una vivienda digna.

 

Alegan que las autoridades deben responder porque ellos han sido los responsables de no velar por el destino de la mercancía inflamable que ocasionó la catástrofe.

 

Los fuegos pirotécnicos que pertenecían a la empresa La Gallega estaban escondidos en varias escondites del Tui tras la clausura del negocio. Los vecinos niegan haber conocido el paradero de los productos y más aún niegan haber recibido amenazas por parte del dueño para ocultar su secreto.

 

Lo que nadie puede negar es que hoy en día la aldea de Paramos sigue llena de escombros y aún lamenta la muerte de una pareja que dejó dos niños muertos. Además de 37 fallecidos. Salvador García, portavoz de la comunidad de este núcleo del Ayuntamiento de Tui señala con preocupación que no sabe quien pagará todos los daños. Indica que el Ayuntamiento les ha dicho que podría costar entre cinco y siete millones de euros. El es quien está frente a los 700 afectados que hoy aseguran ser víctimas de la burocracia.

 

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La misión en este caso sería rehacer o rehabilitar las 290 casas dañadas. El problema es que mientras más días pasen, son más las estructuras dañadas y el presupuesto no aumenta. El Gobierno gallego hizo publico un decreto donde asegura que correrán con los gastos, pero el grupo de afectados dice que tiene muchos errores y que el monto acordado está muy debajo del tope necesario.

 

En este sentido, la Xunta se ha comprometido en volver a publicar el decreto que debe salir este viernes.  “Nos dimos cuenta nosotros de los errores y menos mal. Una vez más se traslada a la ciudadanía la obligación de informarse y defenderse, pese a que tenemos unas Administraciones que tienen el deber de velar por nosotros. Es increíble”, protesta García, quien celebra al menos que las ayudas autonómicas sean directas e inmediatas y que los damnificados, a diferencia de lo ocurrido en otras catástrofes, no sean obligados a adelantar el dinero.

 

Unidad y coordinación es lo que piden las víctimas de la explosión para poder retornar a sus casas. Aunque están conscientes de que no es facil, confían en que la clave está en la coordinación de las tres administraciones implicadas: Xunta, Ayuntamiento de Tui y Diputación de Pontevedra.

 

 

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