La policía nacional, en cooperación con Europol, detuvo a 69 personas después de desmantelar dos organizaciones criminales que legalizaron a más de mil inmigrantes chinos sobre la base de contratos ficticios o registros falsos, concediéndoles una subvención de hasta 5 millones de euros.
La red criminal, que incluye dos organizaciones con sede en las provincias de Toledo, Madrid y Guadalajara, tiene sucursales en otras ciudades españolas. Los principales responsables de la red criminal eran quienes contactaban con los clientes y fijaban los precios solicitados.
Una amplia red de empleados proporcionó a ambas organizaciones la infraestructura empresarial necesaria, facilitando la firma de contratos laborales falsos y el registro de extranjeros en direcciones donde nunca habían vivido. Ambas organizaciones trabajan con agencias y despachos de abogados para gestionar la documentación necesaria para solicitar un permiso de residencia ilegal, cobrando entre 500 y 1.000 euros por extranjero.
Los implicados también informaron a los extranjeros sobre las entrevistas que habían realizado durante el proceso de solicitud original y les proporcionaron documentos falsos para falsificar viajes a España con el fin de constituir una empresa ficticia para obtener Divisas e incluso concertar matrimonios falsos, para facilitar la solicitud de un permiso de residencia o de ciudadanía.
Cobran entre 3.000 y 20.000 euros por persona, según el mecanismo utilizado para la legalización. La investigación se llevó a cabo en dos fases. El primer caso acabó con la detención de 35 personas en Toledo (15), Madrid (12), Guadalajara (7) y Palencia (1) por pertenencia a organización criminal, apoyo a la inmigración ilegal y falsificación de documentos.
La segunda fase finalizó con la detención de 34 personas en Madrid (18), Barcelona (3), Palma de Mallorca (3), Valencia (2), Alicante (1), Tarragona (1), Sevilla (1), Córdoba ( 1). , San Sebastián (1), Coruña (1), Logroño (1) y Toledo (1) por falsificación de documentos. Además, se llevaron a cabo 5 registros: 2 en Toledo, 2 en Madrid y 1 en Guadalajara, de los que se incautaron 7 coches de alta gama, 80.000 euros en efectivo, 8 teléfonos móviles y documentación relacionada con la investigación.