El gobierno está tomando medidas para reformar las leyes de inmigración para regular la admisión de menores migrantes no acompañados y ordenar su asignación a todas las comunidades autónomas durante los períodos de aumento de la migración interna. La ministra de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha remitido este lunes a las Comunidades Autónomas el primer documento para su aprobación en verano de una iniciativa con «recursos suficientes para poder crear los medios y equipamientos necesarios».
la necesidad de cuidar a estos menores. Saiz afirmó en declaraciones a los medios tras la Conferencia Sectorial de Inmigración que la acogida por parte de los concejales ha sido «positiva» y que ahora esperará los comentarios de cada comunidad autónoma para enviar el texto legislativo a las Cortes y discutir su contenido con los grupos parlamentarios.
«Hay una propuesta que surge de un amplio consenso del Parlamento de Canarias», afirmó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que también estuvo presente en la reunión de este lunes.
La ministra se refirió al acuerdo, conocido como «solución canaria», alcanzado en febrero por todos los grupos parlamentarios excepto Vox, que apoyaban el traslado forzoso de los menores inmigrantes a derechos y autonomía.
Un objetivo que también acordó el ejecutivo con el Gobierno de Canarias hace menos de una semana, cuando la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acordaron modificar el art.
Ley de Inmigración, que establece la separación «obligatoria y solidaria» de niños y jóvenes migrantes.
Las reformas previstas pretenden simplificar los permisos de residencia, estancia, estancia y trabajo así como los trámites administrativos y requisitos para su tramitación, explicó Sainz.
Torres dijo que el ejecutivo espera presentar un documento «final» sobre las reformas «la próxima semana» al Comité Interministerial de Migraciones, un foro previo a la conferencia de la industria del 9 de abril.
En este sentido, el Gobierno espera «comprometerse finalmente a ‘cambiar la ley’ que establecerá en el futuro que, en el caso de menores no acompañados que lleguen después de superar una determinada tasa, es decir, el 10% de la capacidad de ese territorio, repartido entre los territorios».
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El objetivo es simplemente reducir la carga de acogida, que se produce principalmente en las Islas Canarias, donde el año pasado se concentró el 70% de las llegadas ilegales (un 155% más que en 2022).
Por este motivo, la consellera de Canarias, Candelaria Delgado, se mostró este lunes esperanzada en que esta reforma pueda implementarse antes del verano, cuando el buen tiempo suele incrementar el número de llegadas.
Con la reforma, como defendió en los medios, “podemos asegurar no sólo la falta de solidaridad sino el reparto forzoso entre todas las comunidades autónomas”, así como financiación suficiente para dotar de los recursos necesarios.
Preguntado por la opinión de otras autonomías, Delgado aseguró que «siempre han estado de acuerdo» en que todas las autonomías comparten la responsabilidad en esta acogida, y que las reticencias se deben a los inmigrantes, a los que se envía a la población juvenil «sin recursos económicos suficientes».
En este contexto, se enfrentó a las críticas desde Madrid, donde la concejala Ana Dávila acusó al Gobierno central de no haber ofrecido hasta el momento «ninguna alternativa a la planificación y financiación principal», que asegura es actualmente insuficiente para cubrir toda la atención prevista en el primer plan.
disposición.
programa de admisión e integración.
Sólo a partir de enero de este año. hasta el 29 de febrero habían llegado a España más de 14.000 personas. migrantes, un aumento del 353,6% respecto al mismo período de 2023 (3.094) y el doble respecto al primer semestre del año pasado (7.213).
).
Información comunitaria mensual
También este lunes, Saiz anunció que a partir de ahora se enviará mensualmente a las Comunidades Autónomas información sobre las instalaciones fijas y de emergencia de ayuda humanitaria a migrantes.
El objetivo final, como destacó el Ministro, es mejorar la capacidad de respuesta y definir con mayor claridad las políticas y acciones de promoción.