El único periódico de noticias solidarias y del tercer sector

@

El Gobierno aprueba el plan para la contratación pública socialmente responsable

La medida busca beneficiar especialmente a las personas con discapacidad y también a las mujeres, al tiempo que fomenta la […]

La medida busca beneficiar especialmente a las personas con discapacidad y también a las mujeres, al tiempo que fomenta la mejora de las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores

Este viernes fue la aprobación del Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público, a cargo del Consejo de Ministros.

El documento fomenta la mejora de las condiciones laborales de las personas, y centra su atención en la ayuda de las personas con discapacidad, así como de las mujeres.

A propósito de un rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, explicó que el plan busca ser el punto de partida a la aplicación de consideraciones sociales en la contratación pública.

Las empresas que entre sus plantillas tengan personas con discapacidad, ofrezcan también estrategias de igualdad entre hombres y mujeres, promuevan la conciliación laboral y óptimas condiciones salariales y laborales, habrá mayores posibilidades de convertirse en proveedores de la Administración y ganar las licitaciones.

Te puede interesar:
FMI urge a España a enfrentar el endeudamiento público

El objetivo: incentivar la utilización de la contratación pública para la promoción de trabajos dignos, mayores oportunidades de empleo, que estén dadas las condiciones para un comercio justo, inclusión social, accesibilidad, así como otras áreas.

Ir más allá en el enfoque de la “contratación pública estratégica”, es lo que pretende, esta constituye una aproximación novedosa a la compra pública al ponerla al servicio de otras políticas consideradas clave como la política social.

Línea de acción del plan

Tres ejes tienen el plan. Primero, el plan sistematiza y recopila todas las previsiones que la Ley de Contratos del Sector Público contempla  en materia de contratación pública estratégica socialmente responsable, detalló la página de noticias Europa Press.

La “piedra angular” del plan es impulsar la aplicación por parte de las entidades del sector público estatal de toda una serie de orientaciones para redactar los documentos de las licitaciones públicas, como quién puede contratar.

Un ejemplo de esto, no podrán concursar las compañías que incumplan con su obligación legal de tener una cuota de reserva de puestos de trabajo al menos del 2% para personas con discapacidad.

Otro aspecto, es que también tiene la obligación de rechazar ofertas por vulnerar la normativa social o laboral para luchar contra el “dumping social” en los contratos públicos, establece que se consideren consideraciones sociales como parámetro de la calidad de la prestación, y que el contratista y los subcontratistas tienen la obligación de cumplir determinadas consideraciones sociales durante la ejecución del contrato, pudiendo su incumplimiento, en el primer caso, llevar aparejada incluso la resolución del contrato.

En segundo lugar, el plan también contempla la previsión de la creación de un grupo de trabajo en el seno de la denominada Comisión interministerial de modo que se incorporen criterios sociales en la contratación pública.

Por ende, este grupo abordará los trabajos preparatorios necesarios para desarrollar las previsiones en materia de contratación pública socialmente responsable contenidas en la Ley de Contratos.

El tercer eje del plan tiene que ver con la formación de los gestores que desde el sector público estatal tiene la obligación de seguir las orientaciones estipuladas.



14 abril, 2019

La medida busca beneficiar especialmente a las personas con discapacidad y también a las mujeres, al tiempo que fomenta la mejora de las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores

Este viernes fue la aprobación del Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público, a cargo del Consejo de Ministros.

El documento fomenta la mejora de las condiciones laborales de las personas, y centra su atención en la ayuda de las personas con discapacidad, así como de las mujeres.

A propósito de un rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, explicó que el plan busca ser el punto de partida a la aplicación de consideraciones sociales en la contratación pública.

Las empresas que entre sus plantillas tengan personas con discapacidad, ofrezcan también estrategias de igualdad entre hombres y mujeres, promuevan la conciliación laboral y óptimas condiciones salariales y laborales, habrá mayores posibilidades de convertirse en proveedores de la Administración y ganar las licitaciones.

Te puede interesar:
FMI urge a España a enfrentar el endeudamiento público

El objetivo: incentivar la utilización de la contratación pública para la promoción de trabajos dignos, mayores oportunidades de empleo, que estén dadas las condiciones para un comercio justo, inclusión social, accesibilidad, así como otras áreas.

Ir más allá en el enfoque de la “contratación pública estratégica”, es lo que pretende, esta constituye una aproximación novedosa a la compra pública al ponerla al servicio de otras políticas consideradas clave como la política social.

Línea de acción del plan

Tres ejes tienen el plan. Primero, el plan sistematiza y recopila todas las previsiones que la Ley de Contratos del Sector Público contempla  en materia de contratación pública estratégica socialmente responsable, detalló la página de noticias Europa Press.

La “piedra angular” del plan es impulsar la aplicación por parte de las entidades del sector público estatal de toda una serie de orientaciones para redactar los documentos de las licitaciones públicas, como quién puede contratar.

Un ejemplo de esto, no podrán concursar las compañías que incumplan con su obligación legal de tener una cuota de reserva de puestos de trabajo al menos del 2% para personas con discapacidad.

Otro aspecto, es que también tiene la obligación de rechazar ofertas por vulnerar la normativa social o laboral para luchar contra el “dumping social” en los contratos públicos, establece que se consideren consideraciones sociales como parámetro de la calidad de la prestación, y que el contratista y los subcontratistas tienen la obligación de cumplir determinadas consideraciones sociales durante la ejecución del contrato, pudiendo su incumplimiento, en el primer caso, llevar aparejada incluso la resolución del contrato.

En segundo lugar, el plan también contempla la previsión de la creación de un grupo de trabajo en el seno de la denominada Comisión interministerial de modo que se incorporen criterios sociales en la contratación pública.

Por ende, este grupo abordará los trabajos preparatorios necesarios para desarrollar las previsiones en materia de contratación pública socialmente responsable contenidas en la Ley de Contratos.

El tercer eje del plan tiene que ver con la formación de los gestores que desde el sector público estatal tiene la obligación de seguir las orientaciones estipuladas.



Sugerencias
¿Dolor lumbar? 8 consejos para aliviarlo

El tratamiento debe ser eficaz, aplicándolo de forma continuada y con tratamientos de acción rápida Un dolor en la zona […]

¿Qué hacer frente al maltrato infantil?

La Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) publicó una guía que te permitirá saber cómo actuar […]

¿Qué hacer cuando se sospecha de violencia de género?

Sobrevivientes de distintas partes del mundo se unieron para lanzar un decálogo que incluye varios consejos sobre cómo actuar cuando […]

Tips para publicar fotos de tus hijos en las redes sociales de forma segura

La configuración adecuada de las aplicaciones permite controlar hasta dónde llega la información publicada Según un estudio realizado por McAffee […]



-->

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *