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El Gobierno retira amenaza de multa a electrolineras

La multa de 30 millones de euros iba a las gasolineras que no instalaran un punto de recarga semirrápido en […]

La multa de 30 millones de euros iba a las gasolineras que no instalaran un punto de recarga semirrápido en 21 meses

Las medidas más categóricas incluidas en el borrador de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático remitido a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a finales de 2018 fue desplazada por el Gobierno.

El documento final, que está actualmente en fase de consulta pública, no incluye la sanción millonaria que amenazaba a todas las gasolineras que no tuvieran un cargador para recarga de vehículo eléctrico en los 21 meses posteriores a la aprobación de la nueva normativa, de acuerdo a lo reseñado en el diario El Mundo.

Según la Ley de Hidrocarburos, la sanción podía remontar a un importe de hasta 30 millones de euros al considerar una «infracción muy grave» el no instalar en tiempo y forma de un punto de suministro eléctrico de 22 kilovatios para recargas semirrápidas de automóviles.

La amenaza abarcaba alrededor de 1.200 gasolineras en España con ventas por más de cinco millones de litros anuales de carburantes.

Aunque el borrador de la Ley diferenciaba entonces la rapidez con la que una instalación tenía que acometer la inversión en función de si vendía más de 10 millones de litros -21 meses- o cinco millones -27 meses-.

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El sector advirtió a la ministra de Transición Ecológica con la quiebra de sus establecimientos por tener que acometer inversiones próximas a los 100.000 euros.

Normativa queda en el aire

Aevecar (la patronal de gasolineras), queda aliviada tras la retirada de la sanción, aunque persistirá en sus alegaciones al ministerio en que una Ley no puede obligar a una empresa privada a acometer una serie de inversiones a pérdidas sin mecanismos de indemnización.

En la normativa final que aprobó el Consejo de Ministros y será remitida a las Cortes desaparece cualquier amenaza de sanción, por lo que el sector pudo haber ejercido la presión suficiente. No sólo eso, el texto final tampoco incluye los periodos previstos en el borrador para la instalación de cargadores y solo indica que será obligatorio para las gasolineras con ventas superiores a los cinco millones de litros.

«El Ministerio para la Transición Ecológica dictará las disposiciones necesarias para regular esta obligación incluyendo, entre otros aspectos, las excepciones e imposibilidades técnicas para su cumplimiento, el listado de instalaciones obligadas y la fecha en la que estas infraestructuras deberán comenzar a prestar el servicio», señala el nuevo anteproyecto legislativo.

Otra de estas variaciones fue la aclaración de que la aplicación de una tasa verde para la introducción de biocarburantes en la aviación se realizaría tras el «informe conjunto» de Transición Ecológica y Fomento, ministerio excluido en un primer momento.

El martes pasado la ministra Ribera se refirió en Bruselas a la propuesta de establecer un impuesto a las aerolíneas para acelerar la reducción de emisiones en el transporte aéreo.

«Con carácter general me parece que no solamente es legítimo, sino que es interesante que se planteen estas propuestas», concluyó.

11 marzo, 2019

La multa de 30 millones de euros iba a las gasolineras que no instalaran un punto de recarga semirrápido en 21 meses

Las medidas más categóricas incluidas en el borrador de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático remitido a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a finales de 2018 fue desplazada por el Gobierno.

El documento final, que está actualmente en fase de consulta pública, no incluye la sanción millonaria que amenazaba a todas las gasolineras que no tuvieran un cargador para recarga de vehículo eléctrico en los 21 meses posteriores a la aprobación de la nueva normativa, de acuerdo a lo reseñado en el diario El Mundo.

Según la Ley de Hidrocarburos, la sanción podía remontar a un importe de hasta 30 millones de euros al considerar una «infracción muy grave» el no instalar en tiempo y forma de un punto de suministro eléctrico de 22 kilovatios para recargas semirrápidas de automóviles.

La amenaza abarcaba alrededor de 1.200 gasolineras en España con ventas por más de cinco millones de litros anuales de carburantes.

Aunque el borrador de la Ley diferenciaba entonces la rapidez con la que una instalación tenía que acometer la inversión en función de si vendía más de 10 millones de litros -21 meses- o cinco millones -27 meses-.

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El sector advirtió a la ministra de Transición Ecológica con la quiebra de sus establecimientos por tener que acometer inversiones próximas a los 100.000 euros.

Normativa queda en el aire

Aevecar (la patronal de gasolineras), queda aliviada tras la retirada de la sanción, aunque persistirá en sus alegaciones al ministerio en que una Ley no puede obligar a una empresa privada a acometer una serie de inversiones a pérdidas sin mecanismos de indemnización.

En la normativa final que aprobó el Consejo de Ministros y será remitida a las Cortes desaparece cualquier amenaza de sanción, por lo que el sector pudo haber ejercido la presión suficiente. No sólo eso, el texto final tampoco incluye los periodos previstos en el borrador para la instalación de cargadores y solo indica que será obligatorio para las gasolineras con ventas superiores a los cinco millones de litros.

«El Ministerio para la Transición Ecológica dictará las disposiciones necesarias para regular esta obligación incluyendo, entre otros aspectos, las excepciones e imposibilidades técnicas para su cumplimiento, el listado de instalaciones obligadas y la fecha en la que estas infraestructuras deberán comenzar a prestar el servicio», señala el nuevo anteproyecto legislativo.

Otra de estas variaciones fue la aclaración de que la aplicación de una tasa verde para la introducción de biocarburantes en la aviación se realizaría tras el «informe conjunto» de Transición Ecológica y Fomento, ministerio excluido en un primer momento.

El martes pasado la ministra Ribera se refirió en Bruselas a la propuesta de establecer un impuesto a las aerolíneas para acelerar la reducción de emisiones en el transporte aéreo.

«Con carácter general me parece que no solamente es legítimo, sino que es interesante que se planteen estas propuestas», concluyó.

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