El “principio de consentimiento” contenido en el texto de la Ley de Reforma Migratoria ha desatado una batalla política entre diferentes partidos. Mientras tanto, cerca de 5.700 menores inmigrantes bajo tutela de las autoridades canarias siguen esperando respuestas, que aún no han llegado.

Tras el anuncio del ministro de Territorios Políticos y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, de que Canarias y el Estado han llegado a un acuerdo sobre el texto de una modificación legislativa encaminada a garantizar la asignación obligatoria de personas menores de edad en migración en las Comunidades Autónomas, La Comisión del Vicepresidente del Gobierno de Canarias Manuel Domínguez (PP) advierte de que «no se ha cerrado ningún acuerdo con el Gobierno de Canarias sobre el traslado de niños menores de edad a otras Comunidades Autónomas». Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sabe de lo que ha afirmado Torres: «En principio tenemos un acuerdo, no está cerrado y está parte de la administración de Canarias, en este caso el Gobierno de Canarias.» Partido, es decir, análisis de texto.» Por ello, expresó confianza en que en los próximos días se dé luz verde a la distribución.

Domínguez (PP) afirmó que el documento todavía tiene «algunas deficiencias que es necesario subsanar» y negó que su partido sea el responsable de alcanzar el acuerdo. «Esta propuesta aún no ha llegado al PP a nivel nacional ni autonómico», ha subrayado, por lo que ha pedido que el texto sea «discutido con cada» región. Por ello, también expresó la «tendencia» de su equipo político a negociar en un frente abierto y pidió la convocatoria «urgente» de una Conferencia Presidencial «para resolver esta cuestión». Por su parte, la líder del grupo parlamentario del Partido Socialista, Nira Fierro, defendió al ministro Torres afirmando que «lo único que hizo fue impulsar un cambio legislativo por el que Canarias lleva mucho tiempo luchando». A su vez, destacó el consenso que existe entre los grupos parlamentarios de la Cámara y dijo que ahora “ha llegado el momento de que los grupos del Congreso representen”. Por parte de Unión Canaria, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, fue más allá y expresó dudas sobre si la declaración de Torres sobre el «principio de acuerdo» se hizo «deliberadamente» para convertir la reforma en un «debate político de guerra» o no. de donde, como señaló, «debe irse». En este sentido, Dávila hizo hincapié en la crítica situación que vive Canarias y pidió «consenso y diálogo» para llegar a propuestas que puedan resolver «este problema tan grave». Mientras el debate sobre la reforma legislativa continúa en la mesa política, cerca de 5.700 menores permanecen hacinados en centros de acogida en Canarias.

El objetivo es que el cambio entre en vigor «lo antes posible», ya que las previsiones apuntan a que el número de inmigrantes menores de edad podría alcanzar los 15.000 este año. En esta modificación, según el acuerdo, la asignación de niños entre regiones se realizará en los casos en que el territorio supere el 150% de su capacidad de acogida. En Canarias el límite será de 3.000 y el plazo de introducción será de 15 días. Cada día mueren 33 personas en las rutas migratorias hacia España, es decir, una persona cada 45 minutos. Así lo afirma el informe «Seguimiento del derecho a la vida en la frontera Europa Occidental-África» ​​elaborado por la organización Caminando Fronteras. Este es el resultado más alto desde que la organización mantiene registros.
Durante el periodo de enero a mayo, esta organización contabilizó 5.054 víctimas, de las cuales el 95% (cifra absoluta: 4.080 personas) murieron en la ruta de Canarias, considerada la más peligrosa del mundo. Los viajes a Canarias se realizan principalmente desde Mauritania, Senegal y Gambia. Un total de 47 embarcaciones con todas las personas a bordo se perdieron en el mar.

El informe también muestra un aumento en el número de barcos que llegan desde Mauritania. Al mismo tiempo, 3.600 inmigrantes murieron intentando llegar desde este país a las Islas Canarias. Y todo ello a pesar del acuerdo económico firmado en febrero de este año entre España y este territorio africano. Sin embargo, según el documento, la alianza sólo “se centra en prevenir salidas” y no establece “protocolos de cooperación para proteger la vida de quienes están en peligro”. Por tanto, la «falta de medios de búsqueda y salvamento» es evidente para la organización. También destacó una disminución significativa en el número de salidas desde Senegal y Gambia, los países con más salidas en 2023.