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Internet intervenido por “amenazas” en España

El Ejecutivo podrá cerrar páginas web y cortar redes de telecomunicaciones La Comisión Permanente del Congreso de los Diputados de […]

El Ejecutivo podrá cerrar páginas web y cortar redes de telecomunicaciones

La Comisión Permanente del Congreso de los Diputados de España aprobó el Real Decreto Ley que permite al Gobierno intervenir el Internet. De esta forma, las redes y comunicaciones electrónicas podrán ser cortadas si se producen alteraciones del “orden público”. Esto mismo aplicará en caso de “amenazas para la seguridad nacional”.

La norma entró en vigor el pasado 5 de noviembre, tras ser aprobada por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez. Solo necesitaba la ratificación del Parlamento, que acaba de conseguir.

De este modo, ahora el Ejecutivo español no necesitará autorización judicial para intervenir el Internet como necesitaba hasta hace poco. Entre las acciones que podrá tomar están cerrar páginas web y cortar redes de telecomunicaciones. No obstante, las acciones del Gobierno español sí serán recurribles ante los tribunales.

La norma es una reforma que no toca las leyes que regulan los contenidos que circulan por Internet. Lo que hace es controlar la infraestuctura física que la soporta.

Internet vigilado

El Ejecutivo tiene la potestad de tomar el control de cualquier red de telecomunicaciones que tienda cualquier Gobierno regional. Esto obliga a que las bases de datos con información política estén en España y prohíbe el empleo de cualquier método de firma o identificación electrónica que escape a su control.

Asimismo, la norma somete los sistemas de identificación electrónica de cada región a un régimen de autorización previa por parte de la Administración General del Estado. Por consiguiente, obliga a que los recursos para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de los sistemas de identificación se encuentren situados en la Unión Europea o en territorio español.

Te puede interesar: Papa Francisco llama al diálogo en países con problemas, incluido España

También contempla que la Administración General del Estado pueda suspender la transmisión de datos entre administraciones por razones de seguridad nacional de forma cautelar y temporalmente.

La aprobación del Real Decreto Ley estaría ideada para limitar las prerrogativas de la Generalitat ante las iniciativas independentistas, como la reciente inauguración de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, o el nuevo Identicat.

1 diciembre, 2019

El Ejecutivo podrá cerrar páginas web y cortar redes de telecomunicaciones

La Comisión Permanente del Congreso de los Diputados de España aprobó el Real Decreto Ley que permite al Gobierno intervenir el Internet. De esta forma, las redes y comunicaciones electrónicas podrán ser cortadas si se producen alteraciones del “orden público”. Esto mismo aplicará en caso de “amenazas para la seguridad nacional”.

La norma entró en vigor el pasado 5 de noviembre, tras ser aprobada por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez. Solo necesitaba la ratificación del Parlamento, que acaba de conseguir.

De este modo, ahora el Ejecutivo español no necesitará autorización judicial para intervenir el Internet como necesitaba hasta hace poco. Entre las acciones que podrá tomar están cerrar páginas web y cortar redes de telecomunicaciones. No obstante, las acciones del Gobierno español sí serán recurribles ante los tribunales.

La norma es una reforma que no toca las leyes que regulan los contenidos que circulan por Internet. Lo que hace es controlar la infraestuctura física que la soporta.

Internet vigilado

El Ejecutivo tiene la potestad de tomar el control de cualquier red de telecomunicaciones que tienda cualquier Gobierno regional. Esto obliga a que las bases de datos con información política estén en España y prohíbe el empleo de cualquier método de firma o identificación electrónica que escape a su control.

Asimismo, la norma somete los sistemas de identificación electrónica de cada región a un régimen de autorización previa por parte de la Administración General del Estado. Por consiguiente, obliga a que los recursos para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de los sistemas de identificación se encuentren situados en la Unión Europea o en territorio español.

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También contempla que la Administración General del Estado pueda suspender la transmisión de datos entre administraciones por razones de seguridad nacional de forma cautelar y temporalmente.

La aprobación del Real Decreto Ley estaría ideada para limitar las prerrogativas de la Generalitat ante las iniciativas independentistas, como la reciente inauguración de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, o el nuevo Identicat.

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