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@18 de febrero de 2019

Fiscalia de la Corte Penal Internacional estudia su posible jurisdicción en la crisis de Rohingya

Se busca la manera de investigar deportación de más de 670.000 personas como crimen de lesa humanidad   La Fiscalia […]

Se busca la manera de investigar deportación de más de 670.000 personas como crimen de lesa humanidad

 

La Fiscalia de la corte Penal Internacional consulta con jueces si el tribunal ejercería su mando sobre la crisis de los Rohingya, en Birmania, República de la Unión de Myanmar,​ siendo una realidad de inmigrantes bengalíes que llegaron al país durante la era colonial británica.Tras la más reciente campaña de limpieza étnica, más de 400.000 han huido, refugiándose en Bangladesh, donde ya vivían medio millón de refugiados huidos de oleadas de persecución anteriores.

Te podría interesar: Se necesitan cerca de mil millones de dólares para los refugiados rohingyas en Blangadesh

Fatou Bensouda es una abogada de Gambia, que se desempeñó como Fiscal General y Ministra de Justicia en la República de Gambia, y cita un documento que hace público a la ONU para los derechos humanos Zeid Raad Al Hussein (Alto Comisionado de las Naciones Unidas) quien considera la crisis como un libro de limpieza étnica.

La información que se ha recabado de la oficina fiscal, es de diversos organismos, de los que también la ONU y diversos medios de comunicación, son utilizados para aquellos abusos que padece esta minoría étnica musulmana, que ha sufrido de una constante persecución dentro de Myanmar.

Por otro lado el asalto al pueblo de Tula Toli el 30 de agosto del 2017 se toma como ejemplo cientos de hombres que fueron separados de sus familiares ejecutándolos al igual que niñas y mujeres fueron asesinadas.

La petición de la fiscalía se ha basado en que Bangladesh, cuyo país es punto de deportación de los Rohingya sí ha ratificado dicho estatuto y está bajo la jurisdicción de La Haya desde 2010.

Por otro lado la oficina de Bensouda, se ve comprometida a defender el hecho que la corte debe tomar el caso, ya que el crimen de las deportaciones en exceso solo se completa cuando los miembros o integrantes de esta minoría musulmana cruzado la frontera a Bangladesh, país sobre el que el tribunal tiene jurisdicción

 

 

11 abril, 2018
Se busca la manera de investigar deportación de más de 670.000 personas como crimen de lesa humanidad

 

La Fiscalia de la corte Penal Internacional consulta con jueces si el tribunal ejercería su mando sobre la crisis de los Rohingya, en Birmania, República de la Unión de Myanmar,​ siendo una realidad de inmigrantes bengalíes que llegaron al país durante la era colonial británica.Tras la más reciente campaña de limpieza étnica, más de 400.000 han huido, refugiándose en Bangladesh, donde ya vivían medio millón de refugiados huidos de oleadas de persecución anteriores.

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Fatou Bensouda es una abogada de Gambia, que se desempeñó como Fiscal General y Ministra de Justicia en la República de Gambia, y cita un documento que hace público a la ONU para los derechos humanos Zeid Raad Al Hussein (Alto Comisionado de las Naciones Unidas) quien considera la crisis como un libro de limpieza étnica.

La información que se ha recabado de la oficina fiscal, es de diversos organismos, de los que también la ONU y diversos medios de comunicación, son utilizados para aquellos abusos que padece esta minoría étnica musulmana, que ha sufrido de una constante persecución dentro de Myanmar.

Por otro lado el asalto al pueblo de Tula Toli el 30 de agosto del 2017 se toma como ejemplo cientos de hombres que fueron separados de sus familiares ejecutándolos al igual que niñas y mujeres fueron asesinadas.

La petición de la fiscalía se ha basado en que Bangladesh, cuyo país es punto de deportación de los Rohingya sí ha ratificado dicho estatuto y está bajo la jurisdicción de La Haya desde 2010.

Por otro lado la oficina de Bensouda, se ve comprometida a defender el hecho que la corte debe tomar el caso, ya que el crimen de las deportaciones en exceso solo se completa cuando los miembros o integrantes de esta minoría musulmana cruzado la frontera a Bangladesh, país sobre el que el tribunal tiene jurisdicción

 

 

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