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Gobierno pone fin a la discriminación lingüística hacia las personas con discapacidad

La ONG trabaja a favor de las personas con discapacidad física y orgánica Después que la vicepresidenta Carmen Calvo sostuvo […]

La ONG trabaja a favor de las personas con discapacidad física y orgánica

Después que la vicepresidenta Carmen Calvo sostuvo que “no se puede llamar disminuido a nadie, de ninguna de las maneras”, a pesar de que así lo recoge en la máxima normativa nacional. El Gobierno decidió cambiar el término “disminuido” de la Constitución en miras de acabar con la discriminación. 

La acción fue aplaudida el miércoles por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

La entidad subrayó la importancia de la predisposición del Ejecutivo de dejar a un lado discriminación hacia las personas con discapacidad que aparece en la Carta Magna tras las palabras de Calvo, también  ministra de Igualdad, en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. 

Lo que ha ocurrido es que “el lenguaje no es neutral”, puesto que “con el lenguaje se puede integrar o marginar, evolucionar, tener un enfoque transformador y visibilizar nuestros valores”, ha hecho énfasis el presidente de la organización, Anxo Queiruga, en relación al documento de “Lenguaje Inclusivo” de COCEMFE.

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Queiruga, quien ha indicado que es “sumamente importante cuidar el lenguaje que se utiliza, en nuestro caso concreto, al referirnos a las personas con discapacidad”, ha confiado: “De esta manera, palabras anticuadas, inexactas o inapropiadas pueden servir para perpetuar imágenes sociales negativas y estigmatizar a personas o grupos”.

COCEMFE sacó la cara y ha alegado que el término adecuado para referirse a esta parte de la sociedad es “personas con discapacidad”, porque “ante todo somos personas y no queremos que se nos etiquete, ya que nuestra discapacidad es una característica más de todas las que tenemos y no lo único por lo que se nos debe reconocer”. 

Es ese término por el que se reconocen los derechos a las personas con discapacidad en el marco legislativo internacional y español y es el único término válido y consensuado que contempla la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, aprobada y ratificada por España, según se conoció.

Otros como inválido, minusválido, disminuido, retrasado, tullido, son peyorativos y vulneran la dignidad de las personas con discapacidad, al atribuirse un nulo o reducido valor a una persona, o utilizarse generalmente con elevada carga negativa, a la par. 

Teniendo en cuenta que la Carta Magna debe emplear un lenguaje inclusivo y respetuoso al representar a todas las personas, la Organización No Gubernamental (ONG) tilda de buena noticia que el Gobierno se plantee la “normalización lingüística de la Constitución” y espera que se realice lo antes posible.

La entidad social tiene como meta aglutinar, fortalecer, formar y coordinar los esfuerzos y actividades de las asociaciones que trabajan a favor de las personas con discapacidad física y orgánica para defender sus derechos y mejorar su calidad de vida. 

Además, congrega a más de 1.600 ONGs en todo el territorio español y divididas en Confederaciones Autonómicas, Entidades Estatales y Federaciones Provinciales que, a su vez, agrupan a los diversos grupos locales para continuar batallando y llevando campañas en rechazo de la discriminación, como lo han hecho desde su creación en el año 1980.  

6 julio, 2018

La ONG trabaja a favor de las personas con discapacidad física y orgánica

Después que la vicepresidenta Carmen Calvo sostuvo que “no se puede llamar disminuido a nadie, de ninguna de las maneras”, a pesar de que así lo recoge en la máxima normativa nacional. El Gobierno decidió cambiar el término “disminuido” de la Constitución en miras de acabar con la discriminación. 

La acción fue aplaudida el miércoles por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

La entidad subrayó la importancia de la predisposición del Ejecutivo de dejar a un lado discriminación hacia las personas con discapacidad que aparece en la Carta Magna tras las palabras de Calvo, también  ministra de Igualdad, en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. 

Lo que ha ocurrido es que “el lenguaje no es neutral”, puesto que “con el lenguaje se puede integrar o marginar, evolucionar, tener un enfoque transformador y visibilizar nuestros valores”, ha hecho énfasis el presidente de la organización, Anxo Queiruga, en relación al documento de “Lenguaje Inclusivo” de COCEMFE.

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Queiruga, quien ha indicado que es “sumamente importante cuidar el lenguaje que se utiliza, en nuestro caso concreto, al referirnos a las personas con discapacidad”, ha confiado: “De esta manera, palabras anticuadas, inexactas o inapropiadas pueden servir para perpetuar imágenes sociales negativas y estigmatizar a personas o grupos”.

COCEMFE sacó la cara y ha alegado que el término adecuado para referirse a esta parte de la sociedad es “personas con discapacidad”, porque “ante todo somos personas y no queremos que se nos etiquete, ya que nuestra discapacidad es una característica más de todas las que tenemos y no lo único por lo que se nos debe reconocer”. 

Es ese término por el que se reconocen los derechos a las personas con discapacidad en el marco legislativo internacional y español y es el único término válido y consensuado que contempla la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, aprobada y ratificada por España, según se conoció.

Otros como inválido, minusválido, disminuido, retrasado, tullido, son peyorativos y vulneran la dignidad de las personas con discapacidad, al atribuirse un nulo o reducido valor a una persona, o utilizarse generalmente con elevada carga negativa, a la par. 

Teniendo en cuenta que la Carta Magna debe emplear un lenguaje inclusivo y respetuoso al representar a todas las personas, la Organización No Gubernamental (ONG) tilda de buena noticia que el Gobierno se plantee la “normalización lingüística de la Constitución” y espera que se realice lo antes posible.

La entidad social tiene como meta aglutinar, fortalecer, formar y coordinar los esfuerzos y actividades de las asociaciones que trabajan a favor de las personas con discapacidad física y orgánica para defender sus derechos y mejorar su calidad de vida. 

Además, congrega a más de 1.600 ONGs en todo el territorio español y divididas en Confederaciones Autonómicas, Entidades Estatales y Federaciones Provinciales que, a su vez, agrupan a los diversos grupos locales para continuar batallando y llevando campañas en rechazo de la discriminación, como lo han hecho desde su creación en el año 1980.  

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