La Conselleria de Medio Ambiente asegura que estas embarcaciones “siempre se les va a garantizar que puedan recalar en los diferentes puertos de la Comunitat Valenciana sin ningún tipo de veto, pero sí cumpliendo la normativa en vigor”.

La ONG Humanitaria Salvamento Marítimo condenó la petición de la Generalitat de un total de 63.300 euros en concepto de tasas portuarias del buque «Aita Mari», estacionado en el puerto castellonense de Borriana, «mediante la modificación de la normativa, eliminando la exención actual de deducción en el pago».

La organización afirmó que el Procurador General pretende aplicar con carácter retroactivo la modificación a la Ley de Libre Remoción para este tipo de embarcaciones, aprobada en junio de 2024, mediante el cálculo de las tarifas de los últimos cuatro años.

“Han iniciado el proceso de cobro de tasas de las que estábamos exentos, pero ahora, habiéndolos liquidado ilegalmente, tenemos que pagarlas para evitar tasas adicionales por falta de pago y pérdida de las garantías que nuestros agentes marítimos tienen frente al fisco.

El importe del pago en cuestión, sin ningún pago adicional, es de sólo 63.300 euros para el barco Aita Mari – explicó. En esta situación, la ONG advierte de que la imposición de tasas hará «muy difícil» la próxima misión en Aita Mari, estando prevista para octubre.

Por otro lado, destaca que el anterior Gobierno había estipulado en su ordenamiento jurídico que «los materiales y buques de Cruz Roja Española destinados al desarrollo de las tareas asignadas a esta organización, así como a otras organizaciones, están exentos de pago». «. contribuciones portuarias.» «de carácter humanitario, no comercial y jurídico y, por necesidades operativas, deberán estar ubicados dentro de las instalaciones de un puerto público, previa notificación a las autoridades portuarias» (Artículo 4.2 de la Ley 1 /1999 sobre tasas portuarias modificada por el artículo 22 de la Ley 13/2016, de medidas de organización y gestión financiera y administrativa.

“En los últimos años, los equipos de salvamento civil han encontrado un refugio acogedor en los puertos de la Generalitat de Valencia. Dijo que en los puertos de Borriana y Vinarós (Castellón), las tripulaciones de los buques de salvamento y humanitarios han tenido un lugar de descanso y están realizando trabajos de renovación para que los buques tengan unas condiciones óptimas de funcionamiento.

“Son hechos concretos que demuestran la agenda racista y xenófoba de la extrema derecha. En él, todos intentan alcanzar sus objetivos, deciden quién vivirá y quién morirá, qué vidas se sacrificarán, qué ayuda humanitaria es adecuada y qué vidas se deben obstaculizar y castigar.

Por su parte, el Gobierno valenciano expresó su «voluntad de mantener un diálogo a largo plazo» con los tribunales humanitarios y aseguró que «siempre tendrán garantizada la posibilidad de entrar en los distintos puertos de la Comunitat Valenciana sin veto, pero respeta la petición», reglas existentes.» Fuentes del ministerio, encabezadas por el concejal Vicente Martínez Mus, subrayaron que «la Generalitat mantiene una estrecha relación con diversas entidades portuarias, incluidos los buques que transportan ayuda humanitaria y limitan el cumplimiento de las leyes y normativas aplicables».

Además, señalaron que «cada vez que un buque de este tipo solicite puerto, la prioridad de esta solicitud se fijará de forma que siempre pueda refugiarse en los puertos de la Generalitat». Conselleria afirma ahora que el anterior gobierno de Botánica «decidió dejar de cobrar estas tasas a determinadas instituciones, pero lo hizo sin ningún incentivo y sin aplicar ninguna solución».

«Se trata, por tanto, de una decisión sin amparo jurídico, en la medida en que está limitada por el período de validez de distintos registros» subrayan y defienden que «ahora se trata de racionalizar la situación sin apoyo administrativo y aplicarlos según los mismos principios que «han estado en acción durante muchos años». Finalmente, el miércoles afirmó que «en este caso particular, los cargos se evalúan como sujetos a apelación y la situación se considerará caso por caso».