El Parlamento español debatirá si concede permisos de residencia y trabajo a medio millón de personas que se encuentran ilegalmente en el país. El pasado martes, el Congreso acordó examinar una iniciativa legislativa popular impulsada por más de 900 asociaciones.
Si bien todavía es demasiado pronto para decir si esta propuesta verá la luz (la iniciativa aún se encuentra en sus primeras etapas y el proceso podría llevar meses o incluso años), los documentos académicos muestran que la regulación está teniendo un impacto positivo en la economía.
Más específicamente, se cree que permiten a los inmigrantes obtener trabajos mejor remunerados y en mejores condiciones, aumentar los ingresos procedentes de los impuestos sobre la renta personal y las contribuciones a la seguridad social y, en el caso de España, pueden desempeñar un papel importante para garantizar la sostenibilidad de los inmigrantes.
Economía.
Sistema de jubilación.
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Quizás esto ayude a explicar por qué tanto los empleadores como los sindicatos están vacilantes (los primeros son más vacilantes al principio) y ambos partidos en el gobierno acogen favorablemente el proceso de sindicación.
Económicamente, una de las consecuencias inmediatas de proporcionar documentación a estos inmigrantes es salvar puestos de trabajo de la economía sumergida.
En otras palabras, los trabajos que hoy muchos inmigrantes ilegales realizan fuera de la ley se convertirán en trabajos en la economía formal.
Esto significa que estas personas comenzarán a pagar impuestos sobre la renta o cotizaciones a la seguridad social y, por tanto, tendrán derecho a prestaciones sociales como prestaciones por desempleo o pensiones.
Un estudio realizado por Gonzalo Fanjul, de Borcosa -firmante del Partido Independiente de los Trabajadores- e Ismael Gálvez Iniesta de la Universidad Carlos III de Madrid, calcula que en España hay unos 300.000 inmigrantes no europeos trabajando en la economía sumergida.
De ello, un 30% se destinó a otros servicios de alojamiento y otro 30% al sector de la hostelería.
El resto se destina a profesiones como la industria manufacturera, las actividades médicas, los servicios sociales o la construcción.
Otra consecuencia de los permisos de trabajo y residencia es que estas personas tienen acceso a empleos con mejores condiciones y salarios más altos. En este sentido, un estudio publicado en 2021 por tres investigadores de la universidad catalana concluyó que tras el acuerdo aprobado bajo el gobierno de Zapatero en 2004 (el más importante de la historia moderna), la mitad de los inmigrantes que se beneficiaron del mismo abandonaron la economía y muchos de ellos ganó dinero.
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Muévete hacia eso.
Empleos mejor remunerados.
