Las principales empresas y organismos públicos del sector privado y concertado de cuidados a personas mayores presentaron el lunes un manifiesto exigiendo que los salarios de sus trabajadores estén a la par de los de sus empleadores y trabajadores del sector público.
Con el lema «Mismo trabajo, mismo salario», las organizaciones económicas y sociales piden al nuevo gobierno que invierta específicamente 250 millones de dólares para igualar los salarios de los expertos en residencias universitarias y centros de día con las plazas financiadas por el Estado con cargo a los salarios.
Descripción general. El manifiesto proponía que los partidos que compitan en las elecciones de 12 millones incluyan este requisito en sus programas electorales y en futuros poderes ejecutivos.

Según el art. 166 de la Ley General de Asignaciones de 2020 para Todos.
Red de servicios sociales.
Entre las entidades que apoyan el manifiesto se encuentran la Asociación de Centros de Atención al Adicto (ACAD), la Asociación Catalana de Recursos de Ayuda (ACRA), la Asociación de Seguridad Social y Salud de Cataluña (CSC), la Federación de Asociaciones de Mayores de Cataluña (FATEC), La Unión – Asociación de Organizaciones Sociales y Sanitarias, UGT y la Asociación de la Pequeña y Mediana Edificación de Vivienda (UPIMIR).

En rueda de prensa, denunciaron las «pésimas condiciones económicas» que afrontan todos los profesionales de residencias de ancianos del país, unos 40.000 profesionales, el 90% de los cuales son mujeres.
Explican que la diferencia salarial entre el contrato estatal de residencia y el contrato principal aplicable a la industria con “las mismas tareas profesionales” es del 40%.

Por ello, empresarios, sindicatos y asociaciones de personas mayores observan con «gran preocupación» cómo el salario mínimo para los profesionales perturba el trabajo de determinados perfiles, como por ejemplo cómo ser asistente senior se vuelve más difícil.
También reiteraron la necesidad de mantener la dignidad en una situación en la que los abuelos se están volviendo más vulnerables y necesitan más cuidados.

Según explicaron, la armonización de las condiciones laborales de los profesionales es necesaria porque afecta a la movilidad de los profesionales y dificulta la retención y contratación de empleados.
Por ejemplo, afirman que un gerontólogo que trabaja 1.792 horas en el sector privado recibe un salario bruto anual de 16.384,30 EUR y un asistente gerontológico que trabaja en un burdel 1.633 horas al año recibe un salario total de 24.375,82 EUR al año. Por este motivo, las organizaciones estiman que sólo la equiparación económica de nóminas requerirá alrededor de 282 millones de euros para cubrir los costes de los profesionales cubiertos por el acuerdo. Para igualar el salario por hora se necesitarían unos 93 millones de euros.

En la rueda de prensa de presentación del manifiesto, las organizaciones explicaron que la Generalitat destina 4.100 euros por cada plaza en el dormitorio, mientras que en los dormitorios concertados esta cantidad se reduce a la mitad.