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Los inconvenientes estructurales causan retrasos en los pagos del Tercer Sector

Autoridades afirman que se encargarán del caso lo más pronto posible   Provocando un impacto profundo en la estabilidad y […]

Autoridades afirman que se encargarán del caso lo más pronto posible

 

Provocando un impacto profundo en la estabilidad y calidad de apoyo a las personas en estado de vulnerabilidad, La Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña y la Confederación Empresarial  del Tercer  Sector Social han reconocido un retraso en los pagos que han catalogado como un problema estructural.

 

El pasado 6 de junio celebraron  el desbloqueo institucional causado por el artículo 155 y el desatasco de 251 expedientes sociales por importe de 304 millones de euros. En este sentido, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha desbloqueado los expedientes que estaban atascados desde la aplicación del artículo 155, por un valor total de 304 millones de euros.

 

El conseller Chakir El Homrani detalló que se trata de contratos y prórrogas a prestadores de servicios, principalmente entidades sociales.

 

Frente a la situación, las entidades sociales han sido firmes indicando que “esta situación quede resuelta lo antes posible para garantizar la viabilidad económica de las entidades sociales y la atención a las personas”, aunque ha recordado que “el problema de financiación del Tercer Sector Social es estructural”.

 

Nuevo Govern

La Mesa del Tercer Sector y la Confederación han invitado al nuevo Govern “a abordar en esta legislatura un cambio de modelo que apueste por una gestión de los servicios públicos de atención a las personas con la iniciativa social sin ánimo de lucro a través de la acción concertada”.

 

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“Hay que empezar por el despliegue de la nueva modalidad de conciertos sociales y ocupacionales, pasando de subvención a concierto; el cambio de anual a plurianual de las convocatorias para servicios y programas (inserción laboral, ámbito penitenciario, etcétera), y la agilización y normalización del calendario de convocatorias, resoluciones y pagos a las entidades para que sea previo a la ejecución de los proyectos”, han apuntado.

Las dos organizaciones de entidades sociales han denunciado las consecuencias que tienen los impagos en el Tercer Sector Social porque “los retrasos conllevan que las entidades sociales tengan que buscar otras fórmulas de financiación, que generan graves tensiones de tesorería por los intereses que deben asumir”.

9 junio, 2018
Autoridades afirman que se encargarán del caso lo más pronto posible

 

Provocando un impacto profundo en la estabilidad y calidad de apoyo a las personas en estado de vulnerabilidad, La Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña y la Confederación Empresarial  del Tercer  Sector Social han reconocido un retraso en los pagos que han catalogado como un problema estructural.

 

El pasado 6 de junio celebraron  el desbloqueo institucional causado por el artículo 155 y el desatasco de 251 expedientes sociales por importe de 304 millones de euros. En este sentido, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha desbloqueado los expedientes que estaban atascados desde la aplicación del artículo 155, por un valor total de 304 millones de euros.

 

El conseller Chakir El Homrani detalló que se trata de contratos y prórrogas a prestadores de servicios, principalmente entidades sociales.

 

Frente a la situación, las entidades sociales han sido firmes indicando que “esta situación quede resuelta lo antes posible para garantizar la viabilidad económica de las entidades sociales y la atención a las personas”, aunque ha recordado que “el problema de financiación del Tercer Sector Social es estructural”.

 

Nuevo Govern

La Mesa del Tercer Sector y la Confederación han invitado al nuevo Govern “a abordar en esta legislatura un cambio de modelo que apueste por una gestión de los servicios públicos de atención a las personas con la iniciativa social sin ánimo de lucro a través de la acción concertada”.

 

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“Hay que empezar por el despliegue de la nueva modalidad de conciertos sociales y ocupacionales, pasando de subvención a concierto; el cambio de anual a plurianual de las convocatorias para servicios y programas (inserción laboral, ámbito penitenciario, etcétera), y la agilización y normalización del calendario de convocatorias, resoluciones y pagos a las entidades para que sea previo a la ejecución de los proyectos”, han apuntado.

Las dos organizaciones de entidades sociales han denunciado las consecuencias que tienen los impagos en el Tercer Sector Social porque “los retrasos conllevan que las entidades sociales tengan que buscar otras fórmulas de financiación, que generan graves tensiones de tesorería por los intereses que deben asumir”.

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