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Más de 60 entidades sociales revelan que en México compran el voto

El 36 % de reportes recibidos por Democracia Sin Pobreza están relacionados con la entrega de bienes Dado los comicios […]

El 36 % de reportes recibidos por Democracia Sin Pobreza están relacionados con la entrega de bienes

Dado los comicios en México, 60 instituciones sin ánimo de lucro, pertenecientes a la  Acción Ciudadana Frente a la Pobreza,  denuncia que en esa región prolifera, de manera habitual, la compra del voto.

Alberto Serdán, coordinador de la iniciativa de la sociedad civil organizada que busca impulsar acciones efectivas, ha advertido el jueves sobre la desconfianza en los políticos, debido a que del pensamiento “hay que sacarles lo que se pueda, porque después se olvidan de uno y la indiferencia sobre a quién votar porque son todos iguales, son factores que forman un caldo de cultivo aprovechado para este delito”.

En el mismo escenario, los partidos políticos, “al no convencer ni con sus plataformas ni con sus candidatos, acumulan la mayor parte del presupuesto público para poder repartirlo discrecionalmente y ganar votos aprovechándose de estas necesidades”.

El activista reveló que el voto se paga entre $25 y $245 en 25 estados mexicanos pero, desde su punto de vista, el dinero solo “perpetúa la pobreza”, porque se basa en un reparto de programas sociales que no buscan otorgar derechos a los ciudadanos, sino formar “clientelas”.

Sobre la asunto ha continuado haciendo hincapié: “La compra de votos lo que hace es perpetuar la pobreza en un contexto en que no hay muchas certezas”.

Cabe subrayar que 53.4 millones de mexicanos viven en la pobreza; es decir, 43.6 % de la población, de acuerdo a cifras oficiales. Por su parte, el 36 % de reportes recibidos por Democracia Sin Pobreza están relacionados con la entrega de bienes, principalmente despensas.

Otro 33 % al condicionamiento para recibir los beneficios de programas sociales, 26 % a la entrega de dinero en efectivo y 5 % a la obtención de tarjetas electrónicas con promesa de pago diferido, respectivamente. En este sentido, unos 9.4 millones de personas (7.6 % del total) sufren pobreza extrema.

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La prestación o monto económico se ofrecía a cambio de entregar la credencial para votar o sacarle fotocopia en 63 % de los casos, ha informado.

La clave está en la política social y sus respectivos programas, que “no están diseñados para superar la pobreza, sino para el clientelismo y para influir de manera indebida en las elecciones“, ha puntualizado conforme a la problemática de la compra de votos.

Ha recalcado que los datos que proporciona la herramienta, al estar basados en “autorreportes”, no son estadísticamente representativos y no suponen un reflejo “real” de lo que está pasando en México.

El especialista ha dejado en claro que tanto a nivel federal como estatal, lo que es especialmente perceptible en regiones como Chiapas, estos programas carecen de reglas de operación y de un padrón de beneficiarios “público y verificable”.

Simultáneamente, ha recomendado es “intensificar los operativos para investigar y castigar a los responsables”, señalando esta como una acción que tendría que tomarse para enfrentar la compra de votos.

Por cambiar la política económica para llegar a mejorar los ingresos de los ciudadanos, en el mediano y largo plazos, la erradicación del problema pasa necesariamente.

El experto ha contado que reconocido que “si se tome en cuenta tal medida al l final del día es lo único que va a desterrar la compra de voto”.

9 junio, 2018
El 36 % de reportes recibidos por Democracia Sin Pobreza están relacionados con la entrega de bienes

Dado los comicios en México, 60 instituciones sin ánimo de lucro, pertenecientes a la  Acción Ciudadana Frente a la Pobreza,  denuncia que en esa región prolifera, de manera habitual, la compra del voto.

Alberto Serdán, coordinador de la iniciativa de la sociedad civil organizada que busca impulsar acciones efectivas, ha advertido el jueves sobre la desconfianza en los políticos, debido a que del pensamiento “hay que sacarles lo que se pueda, porque después se olvidan de uno y la indiferencia sobre a quién votar porque son todos iguales, son factores que forman un caldo de cultivo aprovechado para este delito”.

En el mismo escenario, los partidos políticos, “al no convencer ni con sus plataformas ni con sus candidatos, acumulan la mayor parte del presupuesto público para poder repartirlo discrecionalmente y ganar votos aprovechándose de estas necesidades”.

El activista reveló que el voto se paga entre $25 y $245 en 25 estados mexicanos pero, desde su punto de vista, el dinero solo “perpetúa la pobreza”, porque se basa en un reparto de programas sociales que no buscan otorgar derechos a los ciudadanos, sino formar “clientelas”.

Sobre la asunto ha continuado haciendo hincapié: “La compra de votos lo que hace es perpetuar la pobreza en un contexto en que no hay muchas certezas”.

Cabe subrayar que 53.4 millones de mexicanos viven en la pobreza; es decir, 43.6 % de la población, de acuerdo a cifras oficiales. Por su parte, el 36 % de reportes recibidos por Democracia Sin Pobreza están relacionados con la entrega de bienes, principalmente despensas.

Otro 33 % al condicionamiento para recibir los beneficios de programas sociales, 26 % a la entrega de dinero en efectivo y 5 % a la obtención de tarjetas electrónicas con promesa de pago diferido, respectivamente. En este sentido, unos 9.4 millones de personas (7.6 % del total) sufren pobreza extrema.

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La prestación o monto económico se ofrecía a cambio de entregar la credencial para votar o sacarle fotocopia en 63 % de los casos, ha informado.

La clave está en la política social y sus respectivos programas, que “no están diseñados para superar la pobreza, sino para el clientelismo y para influir de manera indebida en las elecciones“, ha puntualizado conforme a la problemática de la compra de votos.

Ha recalcado que los datos que proporciona la herramienta, al estar basados en “autorreportes”, no son estadísticamente representativos y no suponen un reflejo “real” de lo que está pasando en México.

El especialista ha dejado en claro que tanto a nivel federal como estatal, lo que es especialmente perceptible en regiones como Chiapas, estos programas carecen de reglas de operación y de un padrón de beneficiarios “público y verificable”.

Simultáneamente, ha recomendado es “intensificar los operativos para investigar y castigar a los responsables”, señalando esta como una acción que tendría que tomarse para enfrentar la compra de votos.

Por cambiar la política económica para llegar a mejorar los ingresos de los ciudadanos, en el mediano y largo plazos, la erradicación del problema pasa necesariamente.

El experto ha contado que reconocido que “si se tome en cuenta tal medida al l final del día es lo único que va a desterrar la compra de voto”.

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