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@18 de febrero de 2019

Por iniciativa que atenta sobre derechos en Guatemala, piden que el pueblo participe

La reforma contempla que las ONG pueden ser disueltas por acuerdo de la autoridad Frente a la intranquilidad que el […]

La reforma contempla que las ONG pueden ser disueltas por acuerdo de la autoridad

Frente a la intranquilidad que el Congreso de la República de Guatemala debate la iniciativa de la normativa 5257,  la cual se refiere a Reformar la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, organizaciones civiles exigieron el jueves que el pueblo tenga la oportunidad de participar en audiencias públicas antes de culminar con el trámite.

Piden, a su vez, velar por el seguimiento en los planes que desarrollen las organizaciones e instalar una mesa técnica para buscar conciliar y obtener cambios planificados positivos. Desde su punto de vista, el plan pretende revolver la manera cómo la sociedad civil opera en sus expresiones.

“En ningún momento se está en contra de la rendición de cuentas a los donantes o informar a las contrapartes o beneficiarios, en tanto se establezcan reglas claras y que no limiten la ejecución de los proyectos o se pongan en riesgo los derechos de libertad de asociación, expresión y manifestación”, aseveraron.

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Hicieron énfasis en lo que aspira el Ejecutivo de ese país. “La intención de los órganos de gobierno de ejercer control sobre la ciudadanía que está llamada a controlar el poder, lo cual se convierte en un contrasentido y desnaturalizada el sistema que se caracteriza por ser democrático y constitucional, en el cual, la soberanía radica en el pueblo y los órganos de gobierno solo la tienen por delegación”. Basándose en sus juicios de opinión, la iniciativa desatiende garantía de la no injerencia estatal y atenta contra la tutela al derecho de libertad de asociación y libertad de acción.

“Atentar contra el orden público sin indicar en forma certera quién o qué entidad decidirá cuándo y cómo una ONG altera el orden público2, obedece a una de las aristas dentro de la diligencia que se encargará de decidir si se antojadiza la cancelación o disolución de los organismos sin fines de lucro, y si el Estado se encargará de controlar los recursos privados administrados por las instituciones aisladas de las esferas gubernamentales.

“La reforma contempla que las ONG pueden ser disueltas por acuerdo de la autoridad respectiva cuando se compruebe que sus actividades son contrarias al orden público, pero no se indica de qué forma se determinará esa contrariedad, por quién y bajo qué condiciones”, reiteran mediante un comunicado.

5 mayo, 2018
La reforma contempla que las ONG pueden ser disueltas por acuerdo de la autoridad

Frente a la intranquilidad que el Congreso de la República de Guatemala debate la iniciativa de la normativa 5257,  la cual se refiere a Reformar la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, organizaciones civiles exigieron el jueves que el pueblo tenga la oportunidad de participar en audiencias públicas antes de culminar con el trámite.

Piden, a su vez, velar por el seguimiento en los planes que desarrollen las organizaciones e instalar una mesa técnica para buscar conciliar y obtener cambios planificados positivos. Desde su punto de vista, el plan pretende revolver la manera cómo la sociedad civil opera en sus expresiones.

“En ningún momento se está en contra de la rendición de cuentas a los donantes o informar a las contrapartes o beneficiarios, en tanto se establezcan reglas claras y que no limiten la ejecución de los proyectos o se pongan en riesgo los derechos de libertad de asociación, expresión y manifestación”, aseveraron.

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Hicieron énfasis en lo que aspira el Ejecutivo de ese país. “La intención de los órganos de gobierno de ejercer control sobre la ciudadanía que está llamada a controlar el poder, lo cual se convierte en un contrasentido y desnaturalizada el sistema que se caracteriza por ser democrático y constitucional, en el cual, la soberanía radica en el pueblo y los órganos de gobierno solo la tienen por delegación”. Basándose en sus juicios de opinión, la iniciativa desatiende garantía de la no injerencia estatal y atenta contra la tutela al derecho de libertad de asociación y libertad de acción.

“Atentar contra el orden público sin indicar en forma certera quién o qué entidad decidirá cuándo y cómo una ONG altera el orden público2, obedece a una de las aristas dentro de la diligencia que se encargará de decidir si se antojadiza la cancelación o disolución de los organismos sin fines de lucro, y si el Estado se encargará de controlar los recursos privados administrados por las instituciones aisladas de las esferas gubernamentales.

“La reforma contempla que las ONG pueden ser disueltas por acuerdo de la autoridad respectiva cuando se compruebe que sus actividades son contrarias al orden público, pero no se indica de qué forma se determinará esa contrariedad, por quién y bajo qué condiciones”, reiteran mediante un comunicado.

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