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El presidente de México promulga normativa pese al rechazo de ONGs

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo promovido por entidades sociales el año pasado   […]

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo promovido por entidades sociales el año pasado

 

Aunque diversas organizaciones civiles repudian la contratación de propaganda oficial en México, el Jefe de Estado de este territorio firmó la semana pasada el decreto que expide la Ley de Publicidad.

La afirmación fue propagada en el Diario Oficial de la Federación y destaca que la legislación contiene 45 artículos y ochos disposiciones transitorias que trabajan en reglamentar la propaganda.

En el texto del artículo segundo de la normativa se visualiza: “La presente Ley tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos“.

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Con la puesta en marcha de esta ley se perdió la oportunidad de regular el uso de la publicidad oficial, enfatizó Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), quien se expresó lamentando la posición del presidente mexicano.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo promovido por entidades sociales el año pasado, en el que ordenó al Congreso expedir la norma reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional a más tardar final de abril.

A principio de este mes Peña Nieto recibió una solicitud del colectivo Medios Libres, integrado por al menos 40 organizaciones de la sociedad civil, para “no dañar más a los medios de comunicación al aprobar una normativa que fomenta y legaliza malas prácticas” y velar por “una señal en favor de la libertad de expresión”, rechazando de manera contunden la que desarrolle la Ley General de Comunicación Social, aprobada por el Congreso hoy día.

14 mayo, 2018
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo promovido por entidades sociales el año pasado

 

Aunque diversas organizaciones civiles repudian la contratación de propaganda oficial en México, el Jefe de Estado de este territorio firmó la semana pasada el decreto que expide la Ley de Publicidad.

La afirmación fue propagada en el Diario Oficial de la Federación y destaca que la legislación contiene 45 artículos y ochos disposiciones transitorias que trabajan en reglamentar la propaganda.

En el texto del artículo segundo de la normativa se visualiza: “La presente Ley tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos“.

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Con la puesta en marcha de esta ley se perdió la oportunidad de regular el uso de la publicidad oficial, enfatizó Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), quien se expresó lamentando la posición del presidente mexicano.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo promovido por entidades sociales el año pasado, en el que ordenó al Congreso expedir la norma reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional a más tardar final de abril.

A principio de este mes Peña Nieto recibió una solicitud del colectivo Medios Libres, integrado por al menos 40 organizaciones de la sociedad civil, para “no dañar más a los medios de comunicación al aprobar una normativa que fomenta y legaliza malas prácticas” y velar por “una señal en favor de la libertad de expresión”, rechazando de manera contunden la que desarrolle la Ley General de Comunicación Social, aprobada por el Congreso hoy día.

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