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Ratifican condena de nueve años a los miembros de la Manada

Este fallo desestima el resto de los recursos planteados por los acusados y da verosimilitud a la declaración de la […]

Este fallo desestima el resto de los recursos planteados por los acusados y da verosimilitud a la declaración de la denunciante

 

A cinco miembros de la Manada de Sevilla le fue ratificado la condena a nueve años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento. Durante el fallo se incluyó el voto particular de dos magistrados que solicitan que se condene por agresión sexual (violación) a la joven madrileña que tenía 18 años aquel 7 de julio de 2016 y que se imponga una pena en consecuencia: 14 años de prisión por lo ocurrido en los sanfermines en Pamplona.

El grupo fue detenido el mismo día de los hechos y se encuentran en libertad provisional desde el pasado 23 de junio.

Asimismo, el Tribunal ordenó a la Audiencia Provincial que puedan dictar una nueva sentencia por un delito contra la intimidad de la mujer por grabarla mientras la forzaban a mantener relaciones sexuales. Si la sentencia fuera condenatoria elevaría las penas.

Sin embargo, Miguel Ángel Morán y Carlos Bacaicoa, abogados de la víctima, señalan que recurrirán para pedir que los hechos se consideren agresión.

“Esta sentencia es muy desafortunada, no tanto como la de primera instancia, porque ha apreciado la posibilidad de condenar por el delito contra la intimidad, pero hay que recurrirla igualmente”, revela Bacaicoa.

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En esta segunda sentencia,  los magistrados confirman que la Manada actuó en grupo contra la joven en la primera noche de los sanfermines del año 2016. Según el testimonio, la chica fue penetrada por los cinco miembros del grupo en algún momento de forma simultánea y alguno repitió el abuso en varias ocasiones.

Este fallo desestima el resto de los recursos planteados por los acusados y da verosimilitud a la declaración de la denunciante.  Para los jueces, su testimonio, pese a las matizaciones que hizo ante la policía local y el juzgado de instrucción, es “seguro y convincente”. Y que sus afirmaciones están “corroboradas con evidencias recogidas en una prueba externa profusa y suficiente”.

El Tribunal ordena también que se dicte una nueva sentencia por un delito contra la intimidad de la víctima que fue grabada mientras la forzaban. El artículo 197.1 del Código Penal castiga con penas de uno a cuatro años de prisión las acciones dirigidas a vulnerar la intimidad de otro. La pena se impondrá en su mitad superior cuando esta vulneración afecte a datos sobre la vida sexual. Esta decisión supone en la práctica una agravación de las penas. Para Jesús Pérez, abogado del guardia civil, el hecho de que el tribunal haya pedido la nueva sentencia por el delito de violación de la intimidad abre una vía para que cambie la valoración de los hechos probados ante el Supremo.

El primer fallo de la Audiencia Provincial de Pamplona, emitida el pasado 26 de abril, desató protestas de colectivos feministas y partidos políticos por toda España. El entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá (PP), llegó a declararse “sorprendido” por qué el Consejo General del Poder Judicial no actuara contra el juez Ricardo González, quien defendió la absolución del grupo, “cuando todos saben que tiene algún problema singular”.

 

 

 

6 diciembre, 2018

Este fallo desestima el resto de los recursos planteados por los acusados y da verosimilitud a la declaración de la denunciante

 

A cinco miembros de la Manada de Sevilla le fue ratificado la condena a nueve años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento. Durante el fallo se incluyó el voto particular de dos magistrados que solicitan que se condene por agresión sexual (violación) a la joven madrileña que tenía 18 años aquel 7 de julio de 2016 y que se imponga una pena en consecuencia: 14 años de prisión por lo ocurrido en los sanfermines en Pamplona.

El grupo fue detenido el mismo día de los hechos y se encuentran en libertad provisional desde el pasado 23 de junio.

Asimismo, el Tribunal ordenó a la Audiencia Provincial que puedan dictar una nueva sentencia por un delito contra la intimidad de la mujer por grabarla mientras la forzaban a mantener relaciones sexuales. Si la sentencia fuera condenatoria elevaría las penas.

Sin embargo, Miguel Ángel Morán y Carlos Bacaicoa, abogados de la víctima, señalan que recurrirán para pedir que los hechos se consideren agresión.

“Esta sentencia es muy desafortunada, no tanto como la de primera instancia, porque ha apreciado la posibilidad de condenar por el delito contra la intimidad, pero hay que recurrirla igualmente”, revela Bacaicoa.

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En esta segunda sentencia,  los magistrados confirman que la Manada actuó en grupo contra la joven en la primera noche de los sanfermines del año 2016. Según el testimonio, la chica fue penetrada por los cinco miembros del grupo en algún momento de forma simultánea y alguno repitió el abuso en varias ocasiones.

Este fallo desestima el resto de los recursos planteados por los acusados y da verosimilitud a la declaración de la denunciante.  Para los jueces, su testimonio, pese a las matizaciones que hizo ante la policía local y el juzgado de instrucción, es “seguro y convincente”. Y que sus afirmaciones están “corroboradas con evidencias recogidas en una prueba externa profusa y suficiente”.

El Tribunal ordena también que se dicte una nueva sentencia por un delito contra la intimidad de la víctima que fue grabada mientras la forzaban. El artículo 197.1 del Código Penal castiga con penas de uno a cuatro años de prisión las acciones dirigidas a vulnerar la intimidad de otro. La pena se impondrá en su mitad superior cuando esta vulneración afecte a datos sobre la vida sexual. Esta decisión supone en la práctica una agravación de las penas. Para Jesús Pérez, abogado del guardia civil, el hecho de que el tribunal haya pedido la nueva sentencia por el delito de violación de la intimidad abre una vía para que cambie la valoración de los hechos probados ante el Supremo.

El primer fallo de la Audiencia Provincial de Pamplona, emitida el pasado 26 de abril, desató protestas de colectivos feministas y partidos políticos por toda España. El entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá (PP), llegó a declararse “sorprendido” por qué el Consejo General del Poder Judicial no actuara contra el juez Ricardo González, quien defendió la absolución del grupo, “cuando todos saben que tiene algún problema singular”.

 

 

 

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